ORIGINAL: El Colombiano
POR LEON J. SALDARRIAGA LÓPEZ
22 de abril de 2012
22 de abril de 2012
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| Sobrevuelo en El Bagre sobre 45.000 hectáreas para comprobar el tamaño y la gravedad de los daños. |
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| Paisajes como de "otro planeta" son los que deja ver la superficie del Bajo Cauca en zona minera. FOTO JAIME PÉREZ |
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| En la región se consumen 60 de las 80 toneladas de mercurio que devora la minería del país. FOTO JAIME PÉREZ |
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| Casi sobre las piedras, empiezan a emerger algunos ejemplares de acacia en áreas recuperadas. FOTO JAIME PÉREZ |
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| Con cultivos de acacia se han recuperado 5.200 hectáreas. FOTO JAIME PÉREZ |
La vista panorámica desde el helicóptero, permite apreciar el impacto de la degradación que dejan las máquinas que escarban la tierra, los hombres que las manipulan y las 60 toneladas de mercurio que se consumen por año en la subregión del Bajo Cauca, y que van a parar al agua, el aire y el suelo.
Todos los matices de colores que guardan las entrañas de la tierra, desde un café pálido hasta un marrón intenso, se pueden observar después del proceso de explotación desaforada de la naturaleza para saciar la sed de oro en uno de los territorios más ricos del mineral en Antioquia.
El agua utilizada en el proceso, que se acumula en lagos artificiales crecidos por las lluvias de abril, da un tono azul turquesa por efecto de los químicos, en contraste con el color pantano del caudal del río Nechí que atraviesa la zona y recoge todos los venenos a su paso. El escenario es El Bagre y el paisaje de un desierto en formación, no puede ser otro, si se tiene en cuenta que las autoridades ambientales estiman que en la zona hay unas 480 explotaciones mineras ilegales, de las cuales se derivan 50.000 empleos.
Por su ilegalidad no cumplen las normas ambientales que ayudarían a mitigar el arrasamiento que hoy se exhibe, como quiera que en la subregión hay 45.000 hectáreas intervenidas por la minería de aluvión, y de ellas, según Corantioquia, hay 35.297 hectáreas degradadas.
Temen impacto social
¿Y por qué la debilidad para actuar? El director general de Corantioquia, Luis Alfonso Escobar, explica que la situación más repetida es el ejercicio de la actividad en un lugar donde no se es propietario del título, ante lo cual el dueño legítimo debe solicitar al alcalde respectivo que haga la restitución o el amparo del bien.
En contraste, al haber tanta mano de obra local involucrada, los alcaldes actúan con debilidad para evitar los problemas sociales que se generarían. Por eso, Escobar advierte que "no nos están ayudando ni a resolver el problema legal ni el ambiental".
¿Y el papel de la Corporación? El funcionario la pone más clara, al sostener que las corporaciones no son cuerpos armados dotados de la facultad de intervenir y deben recurrir a las que poseen las armas del Estado.
Esa coordinación, admite, ha sido compleja, y sólo hasta el gobierno del presidente Santos se hace una tarea conjunta entre la Policía y el Ejército, y los organismos de control como la Procuraduría y la Fiscalía, y con ellos la Gobernación y Corantioquia.
De los operativos, el año pasado, hubo resultados como la inmovilización de maquinaria (dragas y retroexcavadoras) y retención de personas, pero no ha sido una acción sostenida y continua en el tiempo, al punto que el problema se repite.
La mayor preocupación de Escobar es que los esfuerzos se dirigen a un componente de minería ilegal, que también califica como "empresarial" (muy primaria) porque de todos modos tiene tradición, paga salarios, impuesto de industria y comercio, con préstamos en los bancos y es ubicable, tanto que muchas de las explotaciones son víctimas de las bandas a las que deben pagar "vacunas" hasta de 25 millones de pesos-mes por una retro.
Con ellos cree que la solución es conseguir títulos mineros, pero el problema es que en el Bajo Cauca está titulado el 95 por ciento del territorio y sólo hay 16 minas legales, cuya compañía más sólida es Mineros S.A.
Peor, la minería armada
La dificultad real, según el director de Corantioquia, son los "cateos" de mineros, asociados a bandas criminales y guerrilla, que tienen recursos económicos y generan los daños mayores porque hacen huecos en varios lugares, al moverse de un lado a otro sin ningún plan.
Con ellos aprecia un deterioro muy grande hacia la Serranía de San Lucas, la Serranía de Ayapel, la parte alta de Tarazá, y en algunas zonas de Anorí y Cáceres, donde la dificultad de acceso, y el hecho de que el entorno lo siembran de minas antipersonal y tengan francotiradores, hace que las fuerzas del Estado no actúen con el rigor que deberían por lo complejo y riesgoso.
Estimulado por el precio internacional del oro, y según un primer avance que se hizo con la Policía Antinarcóticos y el Ejército, pero sin atreverse a darlo como un dato oficial de aquellos, en el grupo de "cateos", hasta mediados de 2011, identifica unos 200 puntos donde se podían tener este tipo de "minerías armadas" en el Bajo Cauca.
El panorama de desolación lo atenúan proyectos que muestran que la minería sostenible en la subregión puede ser viable como el de acacia mangium, con el cual se intervinieron 5.200 hectáreas, de ellas 870 sembradas por Corantioquia y el resto en asociación con particulares, apoyado con un programa de investigación y paquete tecnológico para difundirlo en el Bajo Cauca.
Por sus buenos resultados, el proyecto de acacia también se extendió a algunas zonas de potreros todavía no erosionadas por la minería, en una amplitud de 5.500 hectáreas que están produciendo.
En los primeros siete años, la acacia se comportó como un gran productor de material orgánico por el follaje que desprende que sirve para recuperar los suelos y en el octavo año ya daba corte para aserrío.
Ese bosque introducido ilusiona con otras 1.500 sembradas en el sur de Córdoba, lo triste es que en Cáceres ya se perdieron 26 hectáreas de las recuperadas por la fiebre de los "cateos".
TEXTUALMENTE
Hay acción incipiente para atacar el mal de raíz
Ramiro Jaramillo B.
Director General Operación Aluvial Mineros S.A.
Para las empresas organizadas ha sido muy difícil el control de la minería ilícita, porque la manera de actuar de todos los entes gubernamentales ha sido muy incipiente para atacar la raíz del problema.
Los mineros tienen derecho a trabajar, pero de la forma legal y bajo las reglas ambientales, que respondan con todo lo que tiene que ver con los parafiscales, y hagan sus procesos con transparencia porque se calcula que entre el 40 y 50 por ciento de su producción la están botando a las corrientes del río. Eso aunado al alto contenido de mercurio que están tirando a las corrientes del Porce.
Si se socializa un proyecto de modo que entiendan que la minería se puede hacer de manera sostenible y responsable, el Gobierno debe establecer normas para que lo hagan en lugares que se les asigne o mediante asociaciones o intercambios con las empresas.
El conflicto es que las empresas legalmente establecidas solicitan los amparos administrativos, que es el respeto sobre los terrenos en los que trabajan. Estamos a la espera de que la autoridad haga lo que le corresponde y eso ha sido muy difícil porque los mismos alcaldes municipales se ven limitados con la fuerza pública, no tienen los medios y fuera de eso su actuar deja mucho que desear.
Si al minero realmente le interesara legalizarse, lo podría haber hecho, han transcurrido más de diez años desde que el Gobierno lo ha permitido y lo han hecho muy pocos.
El interés de ellos por legalizarse no es tan grande como dicen. Hay gente que si le interesa, lo hace bien y no tiene dónde trabajar. A ellos el Gobierno les debe ayudar, y también se debe proteger al verdadero minero artesanal, que no es una dificultad para ninguna empresa.
Sí lo son aquellos que utilizan instrumentos mecánicos, llámense retros o dragas de succión, cuyo impacto es grande y fuera de eso sin ningún control técnico.
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