Pequeña minería en el Chocó

ORIGEN: Razón Pública

Mariana Sarmiento *

La situación de la pequeña minería en el Chocó está fuera de control. La consulta previa es mucho más que un requisito rutinario e incómodo, como se ve desde las alturas de Bogotá. Un llamado de urgencia sobre los acuerdos informales que deslegitiman a las comunidades locales y a sus autoridades tradicionales: los consejos comunitarios mayores.

Institucionalidad versus autorregulación

Hoy el gobierno nacional insiste en que antes de regular el sector minero hay que fortalecer la institucionalidad. Mientras tanto, los conflictos locales en torno a la minería continúan e inclusive se exacerban.

Mientras damos espera a que se fortalezca la institucionalidad en el país, en los territorios los distintos actores desarrollan e implementan sus propias reglas que les permiten legitimar prácticas informales por las vías de hecho.

Aún cuando en este proceso de autorregulación se mantiene cierta “funcionalidad” en la vida cotidiana de los actores – pese a la limitada intervención estatal – generalmente los intereses de las comunidades suelen ser desestimados e incluso se imponen abusivamente intereses particulares mediante el uso del poder político, financiero, extorsivo y por acciones violentas.

Es el caso del Chocó, donde en medio de una situación de “despelote” jurídico sobre las normas que regulan el uso de los recursos naturales, existe un verdadero tejido de acuerdos de autorregulación sobre las intervenciones en el territorio.

Estos arreglos permiten identificar algunas de las preocupaciones y necesidades de las poblaciones de este departamento y cómo éstas deben ser incorporadas en las políticas públicas.

Los actores de la minería informal y artesanal

En el subsuelo del departamento del Chocó se encuentran escondidas reservas importantes de oro y platino. Ha habido actividad minera permanente desde hace más de 200 años. A lo largo de la historia han participado muchos actores en esta tragedia: empresas multinacionales, pequeños empresarios y mineros artesanales [1] [2].

En la actualidad, la pequeña minería en estos municipios es ejercida por mineros artesanales nativos y mineros foráneos informales mecanizados.

Foto: etnoterritorios.org

Esta dilatada tradición de explotación ha llevado naturalmente a los habitantes del territorio a adoptar la minería como una actividad económica legítima y necesaria, y también a desarrollar normas locales para el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales: unas consuetudinarias y otras surgidas en medio de tensiones fruto de dinámicas más recientes.

En la actualidad, la pequeña minería en estos municipios es ejercida por mineros artesanales nativos y mineros foráneos informales mecanizados:

• Los primeros hacen parte de los consejos comunitarios de comunidades negras y ejercen la minería mediante el uso de diversos métodos, desde los más simples tecnológicamente, hasta implementando equipos convencionales poco costosos y con motores de baja potencia como minidragas, motobombas y elevadores.
• Los segundos practican la minería con retroexcavadoras, maquinaria más pesada. Casi ninguno de estos actores ha obtenido los títulos mineros correspondientes ni cuenta con las autorizaciones ambientales respectivas [3]. Es más, gran parte de la actividad minera ocurre en zonas de reserva forestal donde precisamente estas actividades están restringidas.

No obstante, es preciso destacar que la minería artesanal se desarrolla dentro del área minera de comunidad reconocida por el Ministerio de Minas, bajo la categoría de minería que no requiere título.

Para que la actividad minera se pueda desarrollar, tanto las prácticas de los mineros artesanales como las de los mineros informales de retroexcavadora se han ido adaptando y legitimando localmente mediante acuerdos entre los actores con mayor incidencia: las alcaldías, los dueños o poseedores de las tierras, los consejos comunitarios y los mineros. A continuación se describen algunos de los acuerdos evidenciados sobre el terreno, discriminados según el tipo de minería.

Minería informal mecanizada con retroexcavadora

Usualmente las alcaldías locales imponen tarifas y condiciones de “manejo ambiental” a los mineros mecanizados antes de otorgarles un “permiso de explotación”. En algunos casos, las administraciones municipales han cobrado aproximadamente 1.800.000 pesos por el montaje de la mina y una mensualidad de 500.000 pesos mientras esté funcionando.

Una de las curiosas condiciones de “manejo ambiental” es la prohibición de trabajar durante los fines de semana, para evitar la contaminación de las aguas: estos días se consagran a labores domésticas como el lavado de la ropa y a disfrutar del río en general.

En el subsuelo del departamento del Chocó se encuentran escondidas reservas importantes de oro y platino y ha habido actividad minera permanente desde hace más de 200 años. Foto: Gomain.

Los mineros mecanizados también establecen acuerdos con los dueños de las tierras. Dependiendo de su capacidad de negociación y del potencial de producción de la mina – estimado en forma muy especulativa – los mineros pagan montos que oscilan entre el 10 por ciento y el 15 por ciento de la producción. En otros casos, en lugar de un porcentaje sobre la producción, se cobra un valor de arrendamiento basado en los mismos criterios.

Los Consejos Locales también establecen acuerdos con mineros mecanizados que desarrollan el aprovechamiento dentro del territorio colectivo. Al igual que las alcaldías, en ocasiones también convienen un “impuesto” al minero de retroexcavadora equivalente al 1 por ciento de su producción mensual. Pero por lo general, los mineros llegan directamente a acuerdos con los dueños o poseedores de las tierras o con las alcaldías, desconociendo la autoridad local tradicional.

Asimismo, los mineros con retroexcavadora ocasionalmente permiten a los miembros de la comunidad hacer minería de bareque en sus entables. Este acuerdo es impulsado muchas veces por administraciones municipales que han puesto como condición para los mineros mecanizados autorizar la entrada de estas personas, con el fin de generar ingresos económicos y mantener un orden social en la comunidad, a la vez que favorece cierta aceptación de la actividad minera. [4]

Por su parte, los Consejos Comunitarios Mayores han intentado llegar a acuerdos con los mineros informales mecanizados basándose en el concepto de una compensación económica por los daños ambientales ocasionados. Sin embargo, esto no se cumple.

Finalmente, los grupos armados ilegales “vacunan” a los mineros con retroexcavadora. Dependiendo del grupo y del grado de consolidación de su poder a nivel local, estos actores violentos pueden recaudar una suma de 1.500.000 de pesos mensuales por cada retroexcavadora del entable minero o un 15 por ciento de la producción. De no ser pagada la vacuna, estos actores responden con acciones violentas.

Minería artesanal de comunidades negras

La minería artesanal se desarrolla dentro de consejos comunitarios de comunidades negras principalmente, donde se establecen acuerdos respecto a la selección de los lugares para el desarrollo de minas artesanales, sitios escogidos por la familia poseedora del predio, encargada de administrar la mina.

Por lo general, los mineros artesanales no usan químicos, sino resinas naturales provenientes de los árboles. Recientemente los mineros artesanales están empleando motobombas o draguetas para mejorar los niveles de producción [5].

Las prácticas definidas como artesanales han venido sistematizándose y los mismos mineros, en alianzas con ONG, han unificado prácticas ambientales y sociales. Algunos de estos mineros certifican sus prácticas mediante sellos “fairtrade – fairmined” (comercio justo–minería justa) para obtener un sobreprecio en su producción, y se asocian en el marco del Programa Oro Verde.

Entre los mineros artesanales se dan acuerdos para repartir los excedentes económicos de la producción:

Gran parte de la actividad minera ocurre en zonas de reserva forestal donde precisamente estas actividades están restringidas. Foto: Alcaldía de Medio San Juan.

En algunos casos, después de extraer los costos de producción (pagar combustible, comida y cocinera),

• el 50 por ciento del excedente es para el dueño del motor (motobomba o dragueta) o del predio y 
• el otro 50 por ciento se divide en partes iguales entre los diferentes trabajadores.

En otros casos, una vez cancelados los costos, lo que queda se divide en partes iguales entre el total de “puestos”: uno por cada trabajador, uno por la herramienta, uno por el motor y uno por el terreno. Estos tres últimos elementos suelen pertenecer a una sola persona: la cabeza de la unidad productiva. Estas normas legitiman la actividad minera en un marco de informalidad y hacen que de cierta manera las cosas “funcionen” a pesar de la falta de control del Estado.

El problema radica en que estas dinámicas responden más a intereses y poderes particulares y no a la tradición de tenencia o de permanencia sobre el territorio. Tampoco respetan a las autoridades tradicionales, lo que termina por inducir un detrimento del patrimonio natural de la Nación, así como de los derechos de las comunidades negras, que carecen de instrumentos reales de administración y control sobre su territorio y están constantemente asediadas por choques institucionales.

En ese sentido, se observa cómo los alcaldes que avalan de hecho a los mineros pocas veces involucran a los consejos comunitarios en las discusiones, a pesar de que la explotación se realice dentro del territorio amparado por los títulos colectivos.

De igual manera, los dueños de tierras — aunque pertenecen a los consejos comunitarios — no consultan a sus autoridades tradicionales, la figura encargada por ley de la administración del territorio. En fin, se constata en la práctica el desconocimiento de la autoridad tradicional local.

La consulta previa protege los derechos

Los intereses económicos que impulsan la extracción minera y los acuerdos o normas locales en torno a la minería mecanizada, constituyen un marco que ignora el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. El Estado no puede continuar permitiendo una violación flagrante de los derechos de las comunidades locales, así como del derecho colectivo al medio ambiente.

Los grupos armados ilegales “vacunan” a los mineros con retroexcavadora. 

Foto: Ejército Nacional.

La estrategia de formalización de la minería en Colombia debe responder a las necesidades de la Nación pero mediante la inclusión y participación real de las comunidades. El eslogan del gobierno de que en Colombia “sí se puede hacer la minería social y ambientalmente responsable” debe ser respaldado por un ejercicio de desarrollo e implementación de la política minera incluyente, diferencial y contextualizada.

Esto implica reconocer efectivamente los derechos de las comunidades negras sobre el uso de los recursos naturales renovables y no renovables en los territorios colectivos: es decir, la materialización del derecho a la consulta previa.

De lo contrario, la pequeña minería en Colombia será otro caso escandaloso frente al mundo de cómo se desconocen los derechos de las minorías étnicas y se incumplen las promesas económicas y sociales, a pesar de las rentas mineras.

Nota: La información recolectada para este análisis hace parte del proyecto de investigación GOMIAM sobre la minería de pequeña escala en la región amazónica. www.gomiam.org. Agradecimientos especiales a todo el equipo de GOMIAM Colombia. 

* Politóloga de la Universidad de Tulane y Magíster en Administración y Política Ambiental de la Universidad de Yale. Consultora de BSD Consulting, coordinadora del proyecto GOMIAM en Colombia.

** Politóloga de la Universidad Nacional. Investigadora en el proyecto GOMIAM y joven investigadora de Colciencias en el proyecto Problemas ambientales y conflictos socio-políticos de la minería de oro a menor escala. El caso de Oro Verde, Chocó (Colombia).

*** PhD en Antropología, Profesora e Investigadora, Grupo Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad de Antioquia

**** Directora Ejecutiva Amichoco y coordinadora del Programa Oro Verde