Obama en Colombia y TLC:De cómo perdimos el control de nuestra biodiversidad

ORIGINAL: Razón Pública

Catalina Toro.

Una vez finalizada la VI Cumbre, Obama protocolizará por fin la puesta en marcha del TLC. Las condiciones pactadas en torno a la propiedad intelectual y al manejo de nuestro mayor tesoro — la biodiversidad y su conocimiento — constituyen un error lamentable: nuestros recursos genéticos y el conocimiento tradicional ya no nos pertenecen.

Actitudes contrastadas

En 1969, Colombia y Perú, líderes del Pacto Andino, propusieron la revisión de la Convención de París sobre Propiedad Industrial con el fin de reclamar como bloque unificado de países su derecho al desarrollo, a acceder a mecanismos de transferencia de tecnología de acuerdo con las necesidades de sus países y a una repartición justa de los beneficios inherentes con los países del Norte. [1] Denunciando las inequidades, entre los países del Centro y la Periferia reclamaban a un nuevo orden económico, tecnológico y científico que permitiera instaurar relaciones más equitativas, reduciendo el margen de dependencia de nuevas tecnologías, promoviendo su propio desarrollo industrial y científico y produciendo códigos de conducta en un nuevo marco internacional de regulación de procesos de transferencia de nuevas tecnologías.

En 2004, casi 40 años después, los gobiernos de Colombia y Perú han liderado el debilitamiento de la reglamentación andina en materia de protección de Derechos de Propiedad Industrial (Decisión 486) y Acceso a Recursos Genéticos para adecuarla a los requerimientos de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio, profundizando de paso la crisis de la Comunidad Andina (CAN).

Una tensa situación se hizo evidente el 24 de septiembre de 2005: el equipo técnico colombiano encargado de la Mesa de Propiedad Intelectual decidió renunciar durante la decimosegunda ronda de negociación del TLC. “Los tres representantes del Ministerio de Protección Social no quieren cargar con el muerto y le piden al titular de la cartera dar por terminado su trabajo en este proceso” [2].

La presión de los delegados de Estados Unidos exigiendo no solo el patentamiento de plantas, animales, procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, prohibido incluso por la Organización Mundial del Comercio, sino también la protección de los llamados datos de prueba y el alargamiento del período de las patentes por más de 20 años, llevó al jefe [3] de la mesa de negociación sobre propiedad intelectual colombiano a dar por terminado el trabajo técnico y a proceder a tomar decisiones políticas, es decir, a plegarse a las demandas norteamericanas. [4]

Hoy el mismo funcionario ha sido encargado por el gobierno colombiano de las tareas necesarias para poner en marcha, es decir, de adelantar el proceso de implementación, cuyo objetivo es que el Tratado entre en vigencia tras la clausura de la VI Cumbre de las Américas.

Innovadores, adaptadores y excluidos

A partir de los años setenta, prácticamente todas las empresas productoras de semillas en Estados Unidos han ingresado a la élite industrial global: grandes petroleras transnacionales, firmas farmacéuticas y químicas tienen intereses en la agricultura y se encargan de la comercialización de la biotecnología a gran escala.

En este selecto grupo se destacan Monsanto, Syngenta, Bayer CropScience S.A, Dupont, Dow AgroSciences y otras firmas que se fusionan y cambian de nombre con gran frecuencia, creando también subsidiarias locales, tal como ocurre en el caso de la minería.

Monsanto, Syngenta, Bayer CropScience S.A, Dupont y Dow AgroSciences: empresas productoras de semillas que han ingresado a la élite industrial global. Foto: Huertas del Encuentro.

Cabe anotar que de 3,5 millones de patentes aprobadas en el mundo, solo 200 mil son registradas por países en desarrollo. La participación de Estados Unidos a nivel mundial en bienes protegidos por derechos de propiedad intelectual pasó, en 1987, de 27 por ciento a un 50 por ciento en 1999; para 2007 debió alcanzar más del 80 por ciento. De quince empresas farmacéuticas de clase mundial existentes en 1999, ocho están localizadas en Estados Unidos.[5]

Un contraste sorprendente: mientras el Banco Mundial destinaba 50 millones de dólares para investigación en agricultura tropical y 10 millones para salud, el presupuesto de Merck para investigación y desarrollo en el sector farmacéutico superaba los 2,100 millones de dólares en 1999.

En un artículo para la revista The Economist, el 22 de Junio de 2000, Jeffrey Sachs afirmaba que apenas el 15 por ciento de la población de la Tierra provee casi todas las innovaciones tecnológicas del mundo [6].

Más de dos mil millones de personas viven en países excluidos de tecnología y 24 países tropicales cuya población total es de 750 millones de personas, registraron tan solo 47 de las 51 000 patentes expedidas por el American Patent System para inventores extranjeros en 1997. [7]

Lo anterior lleva a Sachs a dividir el continente entre

• innovadores de tecnología, 
• adaptadores de la misma y 
• excluidos

los innovadores son Estados Unidos y Canadá;

los adaptadores son México, Chile, Brasil industrial y Argentina.

entre los excluidos están el sur de México, los países andinos, Centroamérica y Brasil tropical.

Biopiratería legalizada

Estados Unidos es el mayor inversionista en investigación y desarrollo: aporta el 40 por ciento del valor total mundial. Se calcula que cinco de las empresas más importantes de la “industria de la vida” están invirtiendo en la identificación de genes y sus propiedades, solicitando de inmediato patentes, de tal manera que pueden llegar a poseer más del 50 por ciento de todas las patentes sobre biotecnología agrícola. [8]

Por otra parte, el tráfico de conocimientos y de técnicas curativas indígenas por parte de la industria farmacéutica internacional causa a los países amazónicos pérdidas anuales estimadas en más de 10.000 millones de dólares.

Las Comisiones Segundas de Senado y Cámara del Congreso aprobaron el proyecto de Ley que permitirá implementar el TLC con Estados Unidos.

Foto: Ministerio de Comercio.

No es necesario insistir mucho más para demostrar el grado de control de las innovaciones tecnológicas por parte de los países más poderosos, especialmente de Estados Unidos, en donde el interés de la inversión está orientado en torno a la renta que puede generar el monopolio sobre la propiedad intelectual ya sea en relación con el control del recurso tecnológico, ya sea debido al control del precio de semillas medicinales, del conocimiento tradicional asociado y de otras innovaciones, que debe ser pagado por quienes las consumen por estricta necesidad.

En particular, Pfizer que controla el 54,4 por ciento del mercado mundial de los productos farmacéuticos con ventas por 42,281 millones de dólares en 2002 [9], gastó más de 2,8 millones de dólares solamente en actividades de cabildeo ante el gobierno de Estados Unidos, para lograr que en el TLC se extendiera la protección de patentes y los cambios en la normatividad andina sobre propiedad intelectual en relación con los recursos genéticos y el conocimiento tradicional indígena.

El proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con Colombia culminó con grandes “avances” para estas empresas: se les entregó no solo la biodiversidad, por parte de nuestros “generosos” negociadores colombianos, sino que se les encimaron los denominados conocimientos tradicionales asociados.

Ello significa en lenguaje llano la legalización de la biopiratería, entendida como la utilización de la propiedad intelectual para legitimar el control, la explotación y el uso de los recursos genéticos, biológicos y los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad.

Además de constituir una violación flagrante de los derechos colectivos de las comunidades locales de la región andina — constituye de hecho una forma de privatizar la vida y el conocimiento generado colectivamente — afecta también a sus comunidades científicas nacionales, puesto que las obliga a competir por la obtención de patentes en condiciones desiguales.

El control y la apropiación de la biodiversidad limitan el libre flujo e intercambio de conocimientos y prácticas sobre semillas y plantas medicinales entre los diversos pueblos de la región, introduciendo derechos monopólicos en el sistema alimentario y de salud, asignando formas de consumo, explotación y comercio de los recursos biológicos, y en fin profundizando la erosión genética y cultural.

* Profesora de Ciencia Política, Universidad Nacional. PhD del Instituto de Estudios Políticos de Paris (IEP). Coordinadora de la Maestría de Biociencias y Derecho, Universidad Nacional.

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