Corte Suprema paraliza proyecto hidroeléctrico Río Cuervo en Aysén

ORIGINAL: EMOL

El fallo determina el actuar ilegal del Servicio de Evaluación Ambiental al aprobar el Informe Consolidado desconociendo un Informe del Servicio Nacional de Geología y Minería.

SANTIAGO.- La Tercera  Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por organizaciones ecologistas y ciudadanas en contra del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de Aysén por la aprobación del  Informe Consolidado del Estudio (ICE) de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Río Cuervo.

El fallo determina el actuar ilegal del Servicio de Evaluación Ambiental al aprobar el Informe Consolidado desconociendo un Informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que recomendaba no aprobar un estudio de suelo.

"En estas circunstancias, el ICE adolece de ilegalidad por haber ignorado la recomendación del SERNAGEOMIN y no contener el estudio de suelo indicado, que, a juicio de esta Corte, resulta imprescindible para que el proyecto pueda ser sometido a la aprobación o rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental", explica el fallo.

El tribunal sostiene además que "previo a pasar el estudio de impacto ambiental a la Comisión de Evaluación Ambiental (...), el titular del mismo -Energía Austral Limitada-, deberá realizar el estudio de suelo indicado por el Sernageomin a que se hace referencia en el considerando octavo de este fallo, el que deberá ser incluido por la parte recurrida en el Informe Consolidado de Evaluación que servirá de base al pronunciamiento de dicha Comisión".

La central tendrá una capacidad instalada de 640 MW y se ubicará al interior de la comuna de Puerto Aysén, en la Región de Aysén.

La entrada en operaciones de Cuervo se prevé hacia el 2019 y la obra considera una inversión estimada de US$ 733 millones.

Bioeconomy Blueprint Embraces Public-Private Efforts, Avoids Grand Challenges

ORIGINAL: GenEngNews
Alex Philippidis

Priorities also included improving translational sciences, regulatory processes, and training programs.

The President’s National Bioeconomy Blueprint outlines how Washington intends to apply biological innovations toward national challenges that include health, food, energy, and the environment. [© Vacclav - Fotolia.com]

President Barack Obama’s administration rolled out its National Bioeconomy Blueprint last week, on April 26. It details measures by which Washington intends to apply biological innovations toward national challenges that include health, food, energy, and the environment.

At the top of the Blueprint’s five priorities is 

1. supporting “R&D investments that will provide the foundation for the future U.S. bioeconomy.” Also on the list: 
2. increasing the focus on translational and regulatory sciences, 
3. reforming regulations, 
4. updating training programs, and 
5. identifying and supporting opportunities for public-private partnerships.

While those are all helpful components, the report should have also identified one or more “grand challenges”—a question asked in solicitation of public comment on the draft Blueprint last year. For example, developing tools to study the human immune system was the challenge suggested by Aprile L. Pilon, Ph.D., president and CEO of Clarassance. The firm is developing a recombinant human CC10 protein for prevention of neonatal bronchopulmonary dysplasia.

The Blueprint should have also outlined initiatives to assist small- and medium-sized businesses in maximizing their own contribution to the nation’s bioeconomy. In her comment to OSTP and an interview with GEN, for example, Dr. Pilon suggested increased funding for FDA’s Orphan Products Grant Program, which has stayed flat at $14 million for five years despite a growing number of funding applications. She also suggested more money for SBIR. The program’s recent reauthorization phases in 1% more funding over six years, but it also lets agencies use 3% toward administration, which takes away from grant money.

Bruce W. Stillman, Ph.D., president of Cold Spring Harbor Laboratory, offered grand-challenge suggestions that included launching a national Cancer Therapeutics Initiative, making a major commitment to fundamental neuroscience, investing in basic plant science to address energy and food needs, and continuing to invest in the training of scientists.

Compañía de cosméticos combate la experimentación con animales mediante "La tortura" de seres humanos

ORIGINAL: Ecouterre

Cosméticos Lush ha asociado con la Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos y la Humane Society International para poner en marcha la campaña mundial más grande de la historia para poner fin a las pruebas de cosméticos en animales. Sin embargo, el proveedor de productos para el cuidado de la piel no se detuvo allí. Para subrayar su punto, LUSH convirtió la vitrina de su tienda de Regent Street en Londres en un cuadro de la crueldad, donde la artista de performance Traides Jacqueline "sufrió" 10 horas de alimentación forzada, inyecciones de líquidos, y otros procedimientos de tortura empleados en forma regular por la industria de la belleza. 

No era un espectáculo agradable, ni era la intención de cosméticos LUSH que lo fuera.

Aunque los ensayos con animales se prohibieron en toda Europa hace casi dos décadas, la venta de los animales los productos ensayados todavía se permite en el Reino Unido y otros países.

En los Estados Unidos, la ley federal exige a las empresas asegurar que sus productos son seguros, pero no requiere la experimentación con animales.

A pesar de las alternativas establecidas, sin embargo, un número de fabricantes continúa probando nuevos ingredientes cosméticos en animales.

"La industria de la belleza continúa la experimentación con animales innecesaria y es hora de que deje de hacerlo" dice Kate Willett, director de toxicología regulatoria, evaluación de riesgos y alternativas de HSUS. "Los consumidores no tienen mucho conocimiento de que algunos champús y lápices de labios todavía implican envenenamiento químico de animales como conejos y ratones. La ciencia nos ha ido más allá de esto y no hay lugar para las pruebas de cosméticos en animales en la sociedad moderna."

"La lucha contra la experimentación con animales" es la campaña de parte de la conciencia, la petición de parte. A medida que la iniciativa se lanza en 48 países y más de 700 tiendas de LUSH en los Estados Unidos, Canadá, Europa, India, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, y Rusia, los miembros del público se les insta a firmar peticiones nacionales en las tiendas de LUSH y en línea para exigir el fin a la práctica anticuada.

"Los animales no deberían tener que depender de los códigos voluntarios de conducta, sino que debe ser protegida por las leyes que obligan a todos los sólidos que las empresas adopten métodos humanitarios para llevar sus productos al mercado", dice Brandi Salas, director de la campaña del Norte de América de Lush.

¿Porqué deberia apoyar la campaña aquí?

¿Cómo lograr que los pescadores dejen de pescar en exceso?

ORIGINAL: TheEconomist

25 de febrero de 2012

De todos los muchos problemas del mar, la sobrepesca debe ser el más corregible. 

Así es como se puede hacer...

Foto: PA para The Economist

ACIDIFICACIÓN, calentamiento global, la destrucción de los arrecifes de coral: los mayores problemas que enfrenta el mar son tan amplios, profundos y aparentemente intratables como los propios océanos. Mientras el mundo no pare en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, causa del calentamiento global detrás de estos problemas, ellos van a crecer. En comparación, la sobrepesca, la otra gran maldición, debería ser más fácil de corregir, sobre todo en las aguas costeras, donde la mayoría de la pesca se produce. Y sin embargo, continúa, año tras año.

Los pescadores tienen toda la razón para hacer algo. Muchas pesqueras van a toda velocidad hacia el colapso, las poblaciones de peces de gran tamaño se han reducido hasta en un 90%. Cuando las reservas están sobreexplotadas, que producen una captura menor. El costo de la mala gestión, en la pérdida de producción económica, es enorme: unos 50 millones de dólares al año, según el Banco Mundial.

Una razón por la cual el saqueo sigue es que el conocimiento de las poblaciones de peces es pobre, sobre todo en los países en desarrollo. Un nuevo intento de estadística en la estimación de los bancos restantes (ver artículo), de la Universidad de California en Santa Bárbara, por lo tanto, es bienvenida, incluso si eso no son verdad sus conclusiones, que las acciones son aún más devastadoras por lo que se pensaba. El estudio encontró que la pesca mejor entendida es más propensa a ser estable y sólida. Otra razón para la sobrepesca es la nueva tecnología (desarrollada, con acierto suficiente, para los campos de batalla), lo que hace más fácil de detectar bancos de arena. Como los barcos de gran tamaño y de refrigeración se han extendido, las flotas pesqueras han cubierto grandes distancias y arrasan con grandes capturas. Dado que la tecnología permite a los pescadores de peces operar con menos esfuerzo, explica lo rápido que las existencias se están agotando.

Los pescadores en general, comprender los riesgos de la sobrepesca. Sin embargo, todavía se ignoran las cuotas, si las hubiere. Esto es a menudo porque tienen una visión a corto plazo del activo- y que prefieren sacar provecho ahora e invertir el dinero en otra cosa. Y está, invariablemente, agravado por una sensación genralizada de despojo de bien comunes de que si no lo hacen su pillaje, otros lo harán.

En la mayoría de las pesqueras, los pescadores deberían ganar más dinero por preservar sus recursos para el largo plazo, y debe ser posible para incentivarlos a hacerlo. La mejor manera es darles derecho a una parte de los peces bien definida a largo plazo. En las pesquerías industriales reguladas, como en Islandia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, esto ha tomado la forma de una participación negociables e individual de una cuota de pesca. Los países en desarrollo, donde la aplicación de la ley es débil, parece que les va mejor cuando un grupo tiene derechos sobre una extensión de agua se da a una flota de una cooperativa o un pueblo. El principio es el mismo: los pescadores que se sienten como propietarios son más propensos a comportarse como administradores responsables. El estudio estadístico reciente confirma que la pesca basada en derechos es generalmente más benigna.

El derecho material

Sin embargo, sólo unos pocos cientos de miles de flotas pesqueras en los océanos se comportan de esta manera, sobre todo porque estos sistemas son difíciles de establecer acertartadamente. Limitar el acceso a un recurso común crea perdedores, y por lo tanto la discordia. Las diferencias culturales afectan las tasas de éxito, no todos son tan respetuosos de la ley, como los islandeses. Casi en todas partes se necesita tiempo para convencer a los pescadores, los últimos cazadores-recolectores, a cambiar sus hábitos. Pero,  a pesar de que puede ser plagado de alertas, el enfoque basado en los derechos es el mejor disponible.

En los países ricos, las imágenes de satélite cada vez van a ayudar, haciendo el seguimiento más barato y mejor. En muchos de los pobres, la adopción a este método está en hacer que sea más fácil de formar organizaciones locales. Otra idea prometedora es la de incorporar la pesca basada en derechos, con zonas de prohibición de captura. Estos salvaguardaría las poblaciones de cría y son más fáciles de controlar que las capturas individuales. Cuando las poblaciones se empiecen a recuperar, como resultado de estas reformas, los pescadores estarán más propensos a ver las cuotas determinadas científicamente como en su propio beneficio. Al final, puede ser la única esperanza.

Las aseguradoras del mundo se preparan para el Cambio Climático - excepto en los Estados Unidos

ORIGINAL: Alternet

Por Ben Schiller, Universidad de Yale para el Medio Ambiente 360

26 de abril de 2012

Photo Credit: New Muse

Teniendo en cuenta que las aseguradoras tienden a ser unas de las primeras empresas afectadas por el cambio climático, se podría esperar que en esta industria estén mejor preparados que la mayoría.

Pero esto no es lo que parece a muchos analistas, reguladores y representantes de la industria, que dicen que las aseguradoras están mostrando una falta de urgencia sobre la doble amenaza de masivas demandas por daños en el futuro de los eventos climáticos, y la perspectiva creciente de litigios relacionados con el cambio climático.

Un informe publicado en septiembre pasado por Ceres, una coalición con sede en Boston de los inversores y los grupos ecologistas, lo pone crudamente. Al examinar las declaraciones de 88 compañías de seguros de Estados Unidos a la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), se encontró que sólo 11 tenían políticas formales sobre el cambio climático y que sólo el 60 por ciento hicieron evaluación de riesgos climáticos.

Las aseguradoras son fundamentales para la forma en que enfrentemos, o no,  el cambio climático. Ellos fijan el precio del riesgo que enfrentan los dueños de propiedades, y otros, con los fenómenos meteorológicos - efectivamente envían una señal para el resto de la economía sobre cómo tomar en serio la amenaza. Y con 23 billones de dólares en inversiones globales, las compañías de seguros también son de importancia sistémica. Si estas empresas no dan cuenta adecuadamente de los riesgos que enfrentan por el cambio climático, podrían ser económicamente vulnerables, con graves repercusiones para la economía mundial.

Como señala el informe de Ceres señala: "Con el mundo aún convulsionado por los efectos devastadores de una crisis económica provocada por los riesgos ocultos en el sector bancario, que no puede permitirse un nuevo problema provocado por los riesgos ocultos en otro sector."

El informe revela una brecha creciente entre las aseguradoras de Estados Unidos y sus homólogos europeos, que han sido algunos de los defensores más fuertes en el negocio para la adopción de medidas para desacelerar el calentamiento global. Los eecutivos europeos de seguros también han sido críticos de la industria de los EE.UU. por no ser más proactiva.

"Es frustrante ver que es tan extremadamente difícil incluir esta gran riesgo del cambio climático en los negocios actuales", dice Andreas Spiegel, asesor de cambio climático de Swiss Re, una compañía de reaseguros de gran tamaño. "Hay un poco de una visión a corto plazo sobre los beneficios, riesgos y costos."

Los reguladores también están preocupados. Tres comisionados estatales de seguros -en California, Nueva York, y el Estado de Washington - El mes pasado dijeron que se requeriría que alrededor de 300 compañías de seguros presentaran una encuesta de la NAIC, elevando el número de las aseguradoras para las cuales la divulgación pública es obligatoria. (En otro estado, Pensilvania, se requiere que un menor número de compañías de seguros a divulgar públicamente la forma en que están manejando el cambio climático y otros tres, además de Puerto Rico, no requieren la divulgación ha sido pública, mientras que el resto no requieren la divulgación en todos).

"La esencia del seguro es el análisis de riesgo", dijo Robert Easton, principal regulador de seguros de Nueva York. "Estamos pidiendo a las aseguradoras para compartir sus puntos de vista del riesgo de cambio climático de manera que podemos estar seguros de que la industria y los reguladores están debidamente preparados".

Este riesgo tiene dos formas principales. La primera es las reclamaciones por daños, que podrían aumentar significativamente a medida que la atmósfera sea más cálida - que contenga más humedad - se espera que genere un clima más extremo, incluyendo huracanes más intensos y aumento de inundaciones. Los daños causados por los niveles crecientes del mar, que algunos expertos prevén podría aumentar de tres a seis pies este siglo, también podría crear enormes pasivos de las compañías de seguros.

Mascota pasó prueba en metro

ORIGINAL: El Colombiano

En un ejercicio de este diario, Federico, un gato persa, fue el primer animal en ingresar al tren y su presencia no pasó desapercibida.

Manuel Saldarriaga | Este gran gato persa, de dos años y medio, conoció las estaciones Envigado, Ayurá y Aguacatala. Su presencia en los coches del metro motivó sorpresa entre los usuarios del sistema masivo, así como la norma que permite el ingreso de mascotas, disposición que tiene defensores y detractores.

Los maullidos de Federico se escucharon por primera vez en el metro. Y aunque causó sorpresa entre los usuarios ver al enorme gato persa viajando en el vagón, metido en un guacal para adaptarse a la cultura del sistema, en los próximos días será más común compartir el recorrido con mascotas que pagan tiquete como lo hizo ayer este felino.

La llegada de esta mascota a la estación Envigado motivó cierto protocolo. El operador salió a recibirlo y antes de que pudiera entrar, verificó su carné de vacunación. Una vez autorizado el ingreso y cancelados los pasajes suyo y de su dueña, todos los usuarios a su alrededor tuvieron qué ver con este particular equipaje del que asomaban un par de ojos amarillos.

Mientras el gato daba ayer su primer paseo en el tren, la posibilidad de llevar animales domésticos en el metro provocó alegría entre defensores de los animales y propietarios de mascotas, pero también críticas entre quienes se resisten a que el viaje sea con perros y gatos a bordo.

Logro para los defensores

El director de la Sociedad Protectora de Animales, Aníbal Vallejo, consideró la disposición como "un logro hacia el reconocimiento de los derechos de los animales que el hombre ha domesticado".

"La medida es racional en proporción al rechazo que había durante mucho tiempo en relación con los animales", señaló.

Explicó que "como es un cambio tan drástico, son medidas que se tienen que ir adaptando a las circunstancias", y agregó que "para la comunidad puede ser muy brusco y para muchos extraño, pero son logros".

Vallejo sostuvo que en su caso dirige un consultorio veterinario de carácter popular y encuentra que muchas veces son grandes las dificultades que los usuarios tienen para pagar el desplazamiento de los animales.

Cambio que incomoda

En la contraparte, no fueron pocos los ciudadanos que se mostraron inconformes con tener que viajar junto a las mascotas en el metro.

Los malos olores, la posibilidad de que se orinen o defequen durante el camino, el ruido que hagan al interior de los coches, fueron algunos cuestionamientos frente a la nueva disposición para el transporte de animales domésticos. También aparecieron otros como alergias o la posibilidad de que los animales se conviertan en transmisores de enfermedades.

¿Irán a todas partes?

Rocky, un labrador dorado cachorro, también viajará muy pronto en el metro, por lo menos mientras quepa en un guacal no más grande de 60 centímetros. Y su ladrido sonará algo ahogado por el bozal que tendrá que usar para prevenir que intente morder a alguien entre las rejas de la jaula.

Julián David, pequeño como su amigo canino, se puso feliz con la noticia y quisiera que su compañero inseparable lo acompañe incluso al colegio; un pedido con el que sus padres tendrán que lidiar en adelante.

"Por ahora está bien en el metro, en su jaula y con bozal", matiza su mamá, sonrojada por la ocurrencia del niño. "Ojalá no le dé por orinar en los pies de alguien", repara y se ríe de la suya; probablemente conociendo las costumbres del cachorro.

» Servicio y utilidad

Requisitos para viajar con las mascotas

• Por cada mascota se debe pagar tiquete de viaje.
• El horario es de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes; y hasta el mediodía sábados, domingos y festivos.
• El portador del animal debe llevar carné de vacunación de la mascota.
• Se deben transportar en un contenedor, guacal o jaula, no más grande de 60 centímetros en cualquiera de sus caras.
• Si se trata de un perro, debe llevar bozal.
• No podrán ocupar una silla en el vagón.
• Está prohibido el ingreso de especies de animales salvajes o silvestres.
• No se podrán alimentar dentro de las instalaciones del sistema.
• No se podrán llevar en los metrocables.

La orden está, pero quién acaba la minería informal

ORIGINAL: El Colombiano

Robinson Sáenz, Amagá | La mina San Fernando (en la imagen), ya reanudó operaciones, aunque no a plenitud. Un propósito de las autoridades es aplicar la legislación minera y fortalecer la actividad con un perfil empresarial. Hay programas de capacitación a quienes viven de la actividad en la Cuenca del Sinifaná.

LA TRAGEDIA DE la San Fernando dejó lecciones para que la extracción de carbón se ejerza con más rigor. Líderes de Amagá dicen que acabar la informalidad generará un drama social. Es fácil ordenar cierres desde un escritorio, critican.

León J. Saldarriaga L. | Enviado especial, Amagá | Publicado el 13 de junio de 2011

El furor comercial de este pueblo de 30.000 habitantes no sería posible sino fuera por el dinamismo que le imprime la pequeña minería, que representa el 90 por ciento de esta actividad, pero hoy enfrentada a un imperativo del gobierno nacional de acabar con la informalidad.

Ese mandato, justificado en la seguridad de la población minera y en la formalización del sector, es tan válido como la notificación del personero municipal de Amagá, Julio César Sánchez, de que "desde un escritorio es muy fácil decir: cierren las minas ilegales, pero otra cosa es ver aquí a la gente sufriendo".

Por más voluntad que se tenga, admite que al Municipio le queda imposible asumir todo el control, pues "ha ocurrido que cuando se dan cuenta que van a hacer los cierres, los trabajadores se meten al socavón con varios miembros de sus familias para presionar a la autoridad a que no lo haga".

Y pretender que la tragedia que hace un año apagó la vida de 73 hombres en un túnel de la mina San Fernando marcara un cambio radical en la actividad, también es una ilusión, pues según la alcaldesa, Auxilio del Socorro Zapata, el Municipio continúa con mucho dolor, casi en las mismas condiciones de extracción del carbón y con más exigencias del Ministerio y de la Secretaría de Minas.

De las tareas de seguimiento a la minería informal, revela que este año se ha ejecutado el cierre de unas 20 minas por no cumplir con la normatividad no tener título registrado ni estar en trámite, de manera especial en los sectores de Minas y La Ferrería.

"Es por la protección de sus vidas", dice la Alcaldesa, y destaca sobre todo el control con el trabajo de los menores de edad.

Aunque hubo una fuerte reacción a aquellas acciones, señala que se están capacitando en normatividad, pero el problema es que el 60 por ciento de la población subsiste en forma directa o indirecta de la explotación minera y cualquier decisión impacta a toda la comunidad.

Por eso el personero Hernández tiene claro que la minería informal es "un mal necesario", porque es el único medio de sustento familiar de la población.

De su vivencia, aprecia que desde lo local es imposible solucionar la informalidad porque la política en materia de carbón no es clara, pues exige a las autoridades municipales un estricto control, mientras que desde los niveles departamental y nacional no se prestan los apoyos requeridos, no sólo para cumplir los cierres, sino para atender la problemática social que se desprende.

"¿Entonces qué se ponen a hacer 100 personas de una mina que se cierra?", se pregunta.

Parte de la respuesta la puede aportar Rubén Darío Gómez, vocero de la Asociación de Mineros de la Cuenca del Sinifaná (Asomicsi), quien reprocha que por instrucciones del Ministerio de Minas, se "tiraron a la basura" los procesos de legalización que se habían iniciado para el reconocimiento de la minería informal.

"Los frenaron a través de una resolución", dice, al considerar que están ganando tiempo para que la minería informal no se legalice y entregarle todos los recursos a trasnacionales, con lo que se busca una integración de áreas para que una empresa de grandes proporciones pague las indemnizaciones y asuma todo el control en una región.

"Así la pequeña minería estaría siendo aniquilada de la región", denuncia.

La advertencia de Gómez es que una explotación industrial a gran escala no ocupa la mano de obra que sí genera la pequeña minería, que dinamiza la economía local.

El líder ve paradójico que el Ministerio mande a los alcaldes a que realicen los cierres y, de un momento a otro, se conviertan en enemigos de quienes los han conocido siempre.

"Aquí son más de 150 minas informales y cada una tiene un promedio de 20 trabajadores, cómo hace un alcalde para dejarlos en la calle", reclama.

Y cómo impedir que la informalidad prevalezca, ante la demanda del mineral y la cadena económica que genera.

Gómez pone como ejemplo que una mina informal pequeña tiene una producción promedio de 300 toneladas al mes.

En las empresas de Medellín el valor aproximado por tonelada es de 135.000 pesos. Un solo viaje en volqueta moviliza unas 12 toneladas, por el que se pagan 17.000 pesos de flete por cada una, 30.000 pesos al conductor, 7.000 pesos de báscula y 50.000 por cargar el automotor.

Y en un solo sector como La Ferrería, la producción la estima en 5.150 toneladas de carbón al mes.

El ejemplo lo llena de razones para sostener que en caso de un cierre masivo de minas informales, "todo el mercado quiebra" porque son más de 3.000 trabajadores y sus familias que dependen del mineral extraído de las entrañas de Amagá. 

» Implicaciones

Apoyo sí, pero hubo que pagar $100 millones

Con el tiempo, la tragedia de las 73 víctimas le dejó otro drama al Municipio, pues si bien hubo un acompañamiento institucional muy amplio, la alcaldesa dice que "financieramente nos tocó enfrentarlo solos".

Una cosa fue el apoyo con equipos de rescate y elementos médico-quirúrgicos por la Gobernación y el mismo Medellín, pero el peso de toda la logística lo tuvo que soportar Amagá.

La realidad es que el costo de los alimentos para unas 400 personas diarios, transporte, combustible y alojamiento, entre otros, tuvo un costo aproximado de 100 millones de pesos que se tuvieron que asumir con la declaratoria de urgencia manifiesta. "Aquí nos estaban acosando y había que pagar a todos los proveedores", dice.

» Suma de esfuerzos para capacitar, mejorar seguridad y productividad en Cuenca del Sinifaná

Hay mayores desvelos por la prevención

¿Y qué se ha conseguido y aprendido después de la tragedia?

Juan Diego Cadavid, gerente del recién creado Centro Provincial Mineroempresarial para el Suroeste, valora la creación de esta iniciativa para promover y desarrollar la pequeña minería, pero sólo la legal. La considera como un acercamiento al territorio de la Secretaría de Minas y un apoyo a los municipios en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la actividad.

La idea -precisa- es crear una cultura minera para que se desarrolle como una empresa, con consideraciones de sostenibilidad.

Como la cultura ha sido de pequeña minería, dice que la idea son desarrollos de mayor tamaño para que crezcan y traigan beneficios a quienes hacen parte de la explotación minera. También se acompañará a la comunidad en formulación de proyectos para el territorio que luego se presentarán al Fondo Nacional de Regalías.

El ingeniero Rafael Meneses, vocero del Consorcio Sinifaná, consultor contratado por la Secretaría de Minas, destaca que tras un diagnóstico, se capacita en gestión empresarial, legislación minero-ambiental y seguridad minera, para lo cual se traen expertos en el tema.

Entre otros apectos, se abordan los de

• manejo de atmósfera, 
• identificación y control de riesgos, 
• instrucción y manejo de equipos, 
• erradicación del menor trabajador y 
• salud ocupacional. 

Para aplicar el modelo se está en proceso de evaluación y selección de cinco minas (una por cada municipio de la cuenca) para hacerles estudio geológico de detalle y planear su mejoramiento.

El mensaje que se quiere dar desde la autoridad departamental es de mayor control y seguimiento a la minería en las subregiones.

Según Víctor Aguirre, profesional de la Secretaría de Minas, con el Sena, a través de un Banco de Equipos, se apropia tecnología con un programa que se ejecuta en 32 municipios.

La idea -dice- es generar una capacitación práctica en los mismos sitios de explotación. Por ejemplo, en ventilación, en perforación, en voladuras y en manejo de maquinaria pesada.

Para lograr avances se dejan los equipos por un tiempo determinado e incluso con algunos se han mejorado vías terciarias. En conjunto, Aguirre reporta que se han capacitado unas 2.500 personas en las zonas mineras.

Pero lo más inmediato es una alianza estratégica con Ingeominas para capacitar socorredores mineros, a los cuales se les facilita el transporte y alojamiento, para que después lo repliquen en sus sitios de trabajo.

Los pequeños están mejor en seguridad social

De su cuenta, los mineros se mueven para mejorar sus condiciones de trabajo. El vocero de Asomicsi, Rubén Darío Gómez, sostiene que la Asociación adelanta actividades para vincular los trabajadores a la seguridad social. "Esa situación hace seis meses era imposible para nosotros. Sólo era posible en las EPS y en pensiones, hoy lo hacemos en riesgos profesionales", subraya, y añade que se van a generar programas de capacitación en prevención.

En otras actividades con Ingeominas y Salvamento Minero -dice-, se adelantan visitas de control a la minería informal para recomendar seguridad industrial que evite accidentes, desplomes y aplastamientos y gases, lo que mas ocurre en la región.

Con todo, sostiene que una mina cerrada es mas peligrosa que una abierta porque se inunda y se acumulan gases que la convierten en una bomba de tiempo.

La tragedia invernal: ¿quién paga los costos de la corrupción y de la imprudencia?

ORIGINAL: Opinión Pública

Por Marcela Anzola*
Domingo, 22 de Mayo de 2011

No es por falta de buenas normas ambientales: la tragedia invernal se pudo evitar, de haberse frenado a tiempo la urbanización salvaje en zonas prohibidas, pero al asumir altos riesgos bajo el amparo de la corrupción de funcionarios locales, tanto promotores como ocupantes son responsables y no víctimas.

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Aunque en los últimos días han corrido ríos de tinta sobre la tragedia invernal, la mayoría de los textos se limitan a señalar los estragos del invierno y a las medidas para paliar los daños, sin ahondar sobre las causas de la misma, especialmente en cuanto hace a la responsabilidad humana.

Algunos evocan la mala suerte o la ira de la madre naturaleza- esta vez presentada como "el cambio climático" -pues interpretan estos eventos como productos de la voluntad divina o de fuerzas ajenas al querer humano. Pero en el caso concreto de la tragedia invernal en Colombia, la intervención humana sí ha jugado un papel decisivo.

En efecto, la mayoría de los expertos coincide en atribuir el invierno no sólo a los fenómenos de "el Niño" y "la Niña", sino también a las constantes violaciones de las normas ambientales que prohíben la construcción en zonas de reserva, humedales y rondas de los ríos.

Por ejemplo, en un artículo de

El Espectador

 de mayo 2 de 2011, se indaga a tres expertos sobre las razones de la tragedia invernal y a pesar de que estos reconocen la existencia de causas naturales, hacen énfasis sobre las causas humanas:

• el haber permitido asentamientos en lugares que no respetan la dinámica de los ríos, como ocurrió en el caso del río Bogotá, donde se toleraron construcciones en zonas de ronda;
• el país ha crecido desordenadamente y se sabía que los asentamientos en zonas montañosas y ribereñas corrían un alto riesgo, y
• el mal manejo de las riberas de los ríos, de las zonas inundables, de las montañas, manifiestan la mala ocupación del territorio [1].

En otras palabras, los tres expertos hacen referencia implícita a la urbanización irregular o a la que se hace violando los estándares ambientales mínimos y por supuesto las leyes.

Urbanización salvaje

A pesar de que algunos analistas insisten en pedir más rigor en las normas ambientales, el problema real no consiste en la falta de normas, sino en su violación masiva y consuetudinaria.

En efecto, desde 1974 contamos con buenas normas ambientales [2], e incluso puede afirmarse que Colombia país ha sido pionero en la materia. Y el desarrollo urbano, por su parte, está reglamentado de manera general desde 1986 [3], pero es de competencia de los concejos municipales.

Estas materias se encuentran pues plenamente reguladas. En la práctica, sin embargo, su aplicación es más que deficiente y su violación es constante. Esto se deduce de los permanentes escándalos mediáticos, que se pueden dividir en dos grandes áreas:

Los piratas en zonas de alto riesgo

El aumento de la población en las principales ciudades, producto en buena parte del desplazamiento de campesinos por causa de la violencia, se ha reflejado desde mediados del siglo XX en una continua ampliación de las periferias receptoras y de los asentamientos urbanos en terrenos de alto riesgo. Generalmente se trata de zonas protegidas, que eran de propiedad del Estado por ser reservas naturales.

El caso de Soacha ilustra esta realidad. En 1991

El Tiempo

 publicó un artículo titulado "La Pobreza tiene Cara de Perro", donde aludía a los problemas que existían en Ciudadela Sucre y en Altos de Cazucá, dos urbanizaciones promovidas por Rafael Forero Fetecua, por intermedio de la firma Solano & Plata Compañía Limitada. Se entregaron lotes a cambio de 45.000 pesos y 18 cuotas de seis mil pesos cada una, por concepto de la red de agua, luz y alcantarillado. Sin embargo la nota periodística resaltaba que el terreno era inestable, tanto que no era posible construir "excusados" - es decir, instalaciones sanitarias - porque las montañas podrían derrumbarse con la humedad [4].

Veinte años después la situación de Soacha es insostenible, y los temores de deslizamientos que se avizoraban en ese entonces se convirtieron en frías constataciones estadísticas. A diciembre de 2010, apenas comenzando la llamada "ola invernal", en este municipio había

• un muerto, 
• 5.564 personas afectadas, 
• 1.306 familias damnificadas, 
• 18 viviendas destruidas y 
• 1.202 viviendas averiadas, 

como consecuencia de las inundaciones y de los deslizamientos de tierra, de acuerdo con información del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres.

Las licencias donde no se debía

Las urbanizaciones irregulares en zonas de riesgo ambiental no se limitan a los sectores populares. Los casos de La Calera y de Chía llaman la atención. Ambos sectores han atraído en la última década urbanizaciones y construcciones para los estratos más altos. Al igual que en el sur de Bogotá, el respeto por las normas ambientales ha sido, si acaso, la última prioridad para sus promotores.

-En La Calera se reportan dudas sobre la idoneidad de los procesos de urbanización desde hace 20 años. En 1993,

El Tiempo

 señalaba en "La Calera, Chicó Rural", que este municipio enfrentaba un acelerado proceso de urbanización, comparable solamente con el de Soacha. De acuerdo con el informe, se trataba de un proceso desordenado, que desbordó a la administración municipal y la capacidad de los servicios públicos de la localidad[5]. Este proceso parece continuar y empeorar, tanto que en el 2008

El Espectador

 reportaba bajo el título "La Montaña Mordida", que "en algunos sectores del municipio casas de hasta $ 500 millones sustituyen lo que debería ser bosque nativo"; estas casas al parecer fueron construidas gracias a licencias irregulares [6]. El pasado 3 de Mayo, este municipio fue declarado en Alerta Amarilla tras el desbordamiento de la quebrada de Teusa.

-El caso de Chía es más reciente, pero muy similar al de La Calera: una desordenada proliferación de proyectos urbanísticos, acompañada de irregularidades ambientales. Los procesos de urbanización en las zonas ribereñas del Rio Frío -dentro de los 30 metros de la ronda del río- han sido objeto de frecuentes protestas en este municipio.

Tanto así, que el pasado diciembre, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en cumplimiento de su función preventiva, llamó la atención del Alcalde del municipio por el desorden y la falta de manejo de la administración en esta materia.

Poco más adelante, el 18 de marzo de 2011, la Procuraduría le solicitó suspender obras que podrían acarrear graves daños ambientales [7]. El Alcalde debe "estudiar la posibilidad de suspender" las actividades de construcción de los proyectos

• "Plan de manejo ambiental y recuperación ambiental en el predio Boquerón de Tiquiza", 
• "Proyecto de Vivienda de Interés Social SIDONIA", y 
• "Proyecto la Nacional Laguna Azul". 

La Procuraduría se preocupa por el impacto que estas obras pueden tener sobre la contaminación de ríos, quebradas y acuíferos, la disminución, desecación y pérdida de los cuerpos de agua, la sedimentación, y la variación y deterioro del ciclo hidrológico, entre otros.

En Chía será necesario revisar las licencias ya otorgadas, especialmente en aquellos sectores que se han visto fuertemente afectados por las inundaciones y donde todo indica que se han violado las normas ambientales.

Los avivatos que pagamos entre todos

De este somero recuento se deduce que la corrupción ha jugado un papel central en esta historia, en tanto ella ha ayudado a que las autoridades encargadas no actúen o a que expidan licencias sin el lleno de los requisitos ambientales.

La pregunta es entonces: ¿quiénes pagarán el costo de semejante violación de las leyes? Para responder hay que tener en cuenta que, por regla general, los costos de la corrupción consisten en un deterioro del patrimonio público y que este se subsana con la restitución de los bienes. Pero en el caso que comento las leyes tienen por objeto conservar el patrimonio ambiental de largo plazo: violar aquí las normas es asumir deliberadamente riesgos con consecuencias desastrosas, previsibles e irreparables. Un ejemplo de actualidad son 

• las muchas licencias mineras en zonas de páramo o para 
• la exploración petrolera en medio de reservas coralíferas, 

que no llenan los requisitos ambientales.

Se piensa en los beneficios inmediatos pero no en las consecuencias mediatas. Es el comportamiento irresponsable e irracional de pretender recoger los beneficios hoy y... "ya se verá en el futuro" cómo se manejan los efectos indeseables... "el gobierno" sabrá qué hacer...

En los casos que he descrito, los afectados conscientemente se han puesto - y por una razón justificada o no justificada- en situación de riesgo. Los peligros les eran conocidos, pero como su ocurrencia se creía remota, o por lo menos poco probable, no había entonces de qué preocuparse.

En otros casos se trata además de terceros - como los urbanizadores piratas- que dolosamente buscaron maximizar las utilidades de corto plazo y desaparecer una vez logrado el objetivo de vender lotes inviables a largo plazo.

No obstante, cuando se dan los grandes daños, como hoy ocurre con la tragedia invernal, los beneficiarios avivatos se auto-transforman en víctimas del destino o de la naturaleza, de suerte que el Estado y la sociedad deben auxiliarlos por razones humanitarias, olvidando su bien humana responsabilidad.

En otros términos, se trasladan a la sociedad los costos de conductas claramente dolosas, tanto por los perjuicios directos que afectan a la comunidad en general, como por el deber de auxiliar a quienes sufren daños derivados de su propia imprudencia.

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL.M. Universidad de Heidelberg, Lic.oec.int Universidad de Konstanz, se desempeña como consultora en las áreas de comercio internacional, inversión extranjera y anticorrupción.

@ marcelaanzola