ORIGEN: Razón Pública
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| Mariana Sarmiento * |
La situación de la pequeña minería en el Chocó está fuera de control. La consulta previa es mucho más que un requisito rutinario e incómodo, como se ve desde las alturas de Bogotá. Un llamado de urgencia sobre los acuerdos informales que deslegitiman a las comunidades locales y a sus autoridades tradicionales: los consejos comunitarios mayores.
Institucionalidad versus autorregulación
Hoy el gobierno nacional insiste en que antes de regular el sector minero hay que fortalecer la institucionalidad. Mientras tanto, los conflictos locales en torno a la minería continúan e inclusive se exacerban.
Mientras damos espera a que se fortalezca la institucionalidad en el país, en los territorios los distintos actores desarrollan e implementan sus propias reglas que les permiten legitimar prácticas informales por las vías de hecho.
Aún cuando en este proceso de autorregulación se mantiene cierta “funcionalidad” en la vida cotidiana de los actores – pese a la limitada intervención estatal – generalmente los intereses de las comunidades suelen ser desestimados e incluso se imponen abusivamente intereses particulares mediante el uso del poder político, financiero, extorsivo y por acciones violentas.
Es el caso del Chocó, donde en medio de una situación de “despelote” jurídico sobre las normas que regulan el uso de los recursos naturales, existe un verdadero tejido de acuerdos de autorregulación sobre las intervenciones en el territorio.
Estos arreglos permiten identificar algunas de las preocupaciones y necesidades de las poblaciones de este departamento y cómo éstas deben ser incorporadas en las políticas públicas.
Los actores de la minería informal y artesanal
En el subsuelo del departamento del Chocó se encuentran escondidas reservas importantes de oro y platino. Ha habido actividad minera permanente desde hace más de 200 años. A lo largo de la historia han participado muchos actores en esta tragedia: empresas multinacionales, pequeños empresarios y mineros artesanales [1] [2].
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En la actualidad, la pequeña minería en estos municipios es ejercida por mineros artesanales nativos y mineros foráneos informales mecanizados.
Foto: etnoterritorios.org
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Esta dilatada tradición de explotación ha llevado naturalmente a los habitantes del territorio a adoptar la minería como una actividad económica legítima y necesaria, y también a desarrollar normas locales para el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales: unas consuetudinarias y otras surgidas en medio de tensiones fruto de dinámicas más recientes.
En la actualidad, la pequeña minería en estos municipios es ejercida por mineros artesanales nativos y mineros foráneos informales mecanizados:
- Los primeros hacen parte de los consejos comunitarios de comunidades negras y ejercen la minería mediante el uso de diversos métodos, desde los más simples tecnológicamente, hasta implementando equipos convencionales poco costosos y con motores de baja potencia como minidragas, motobombas y elevadores.
- Los segundos practican la minería con retroexcavadoras, maquinaria más pesada. Casi ninguno de estos actores ha obtenido los títulos mineros correspondientes ni cuenta con las autorizaciones ambientales respectivas [3]. Es más, gran parte de la actividad minera ocurre en zonas de reserva forestal donde precisamente estas actividades están restringidas.
No obstante, es preciso destacar que la minería artesanal se desarrolla dentro del área minera de comunidad reconocida por el Ministerio de Minas, bajo la categoría de minería que no requiere título.
Para que la actividad minera se pueda desarrollar, tanto las prácticas de los mineros artesanales como las de los mineros informales de retroexcavadora se han ido adaptando y legitimando localmente mediante acuerdos entre los actores con mayor incidencia: las alcaldías, los dueños o poseedores de las tierras, los consejos comunitarios y los mineros. A continuación se describen algunos de los acuerdos evidenciados sobre el terreno, discriminados según el tipo de minería.
Minería informal mecanizada con retroexcavadora
Usualmente las alcaldías locales imponen tarifas y condiciones de “manejo ambiental” a los mineros mecanizados antes de otorgarles un “permiso de explotación”. En algunos casos, las administraciones municipales han cobrado aproximadamente 1.800.000 pesos por el montaje de la mina y una mensualidad de 500.000 pesos mientras esté funcionando.
Una de las curiosas condiciones de “manejo ambiental” es la prohibición de trabajar durante los fines de semana, para evitar la contaminación de las aguas: estos días se consagran a labores domésticas como el lavado de la ropa y a disfrutar del río en general.
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En el subsuelo del departamento del Chocó se encuentran escondidas reservas importantes de oro y platino y ha habido actividad minera permanente desde hace más de 200 años. Foto: Gomain.
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Los mineros mecanizados también establecen acuerdos con los dueños de las tierras. Dependiendo de su capacidad de negociación y del potencial de producción de la mina – estimado en forma muy especulativa – los mineros pagan montos que oscilan entre el 10 por ciento y el 15 por ciento de la producción. En otros casos, en lugar de un porcentaje sobre la producción, se cobra un valor de arrendamiento basado en los mismos criterios.
Los Consejos Locales también establecen acuerdos con mineros mecanizados que desarrollan el aprovechamiento dentro del territorio colectivo. Al igual que las alcaldías, en ocasiones también convienen un “impuesto” al minero de retroexcavadora equivalente al 1 por ciento de su producción mensual. Pero por lo general, los mineros llegan directamente a acuerdos con los dueños o poseedores de las tierras o con las alcaldías, desconociendo la autoridad local tradicional.
Asimismo, los mineros con retroexcavadora ocasionalmente permiten a los miembros de la comunidad hacer minería de bareque en sus entables. Este acuerdo es impulsado muchas veces por administraciones municipales que han puesto como condición para los mineros mecanizados autorizar la entrada de estas personas, con el fin de generar ingresos económicos y mantener un orden social en la comunidad, a la vez que favorece cierta aceptación de la actividad minera. [4]
