La guerra por el agua y el oro

ORIGINAL: El Espectador

Por: Edinson Arley Bolaños / Especial para El Espectador

24 Abr 2013

En el Macizo Colombiano

Bajo las montañas, los páramos y glaciares del Macizo Colombiano hay metales preciosos y abundante agua dulce que nutre al 70% del país.

En el Macizo Colombia nace el agua que surte a más del 70 % de los colombianos. /Édinson Arley Bolaños

Libia Mamian y sus ocho hermanos son los dueños de los predios donde está la mina de oro más grande del Macizo Colombiano: La Concepción. Ellos nunca la han explotado, porque la heredaron de sus padres, quienes siempre soñaron que ese lugar fuera una reserva natural para proteger el agua que nace en sus montañas: la quebrada Agua del Oro y el río Marmatos.

Doña Libia pasa de los 68 años y vive tranquila en la vereda La Cuchilla, a pocos kilómetros de la mina donde se esconde el oro que hoy ambiciona la locomotora minera. Su casa está ubicada entre los municipios de Almaguer y La Vega, a ocho horas de Popayán, la capital del Cauca. Es una mansión para ella y un misterio para los que la apenas la conocemos puertas adentro. Se esconde entre árboles de pino y flores de borrachero que exhalan un tanto del oxígeno que inhala el corazón del Macizo Colombiano.

La Concepción es la mina más importante de esta región, porque desde 1559, en el Nuevo Reino de Granada, de ella salían 30 mil de los 40 mil pesos oro que producía la Gobernación de Popayán, que se extendía hasta Antioquia. Cuenta la historia que Almaguer, el municipio donde se asientan dichas minas, iba a ser la capital del Reino de Granada, que entonces llegaba hasta Caracas y Quito.

Pero de esa opulencia ya no queda nada. Después del terremoto de 1765, que destruyó totalmente el pueblo y sepultó gran parte de las vetas de oro, Almaguer hoy es uno de los municipios más pobres de Colombia. El 88% de sus pobladores vive con necesidades básicas insatisfechas, según el censo del DANE de 2005. Sin embargo, el desarrollo pensado desde la riqueza económica, según el Gobierno colombiano, está bajo sus propias tierras. Así lo hace saber el mapa de catastro de la Agencia Nacional Minera que expone que, de las 22.400 hectáreas que tiene el municipio, 3.099 están tituladas y 14.112 solicitadas. Es decir, el 77% del municipio estaría sentado en metales preciosos que podrían ser explotados por las multinacionales AngloGold Ashanti y Palma Som o por el empresario Rafael Herrera Contreras, quienes tienen los títulos y solicitudes en estas tierras.

Cuando llegamos a la mina La Concepción, después de cuatro horas de transitar por el camino de herradura que el español Pío Cid Martínez construyó para explotar ilegalmente la mina en la década de los 70, ahí estaban: once socavones. Olvidados por la ambición del hombre, pero recordados por doña Libia, sus ocho hermanos, Floresmiro Gómez y dos campesinos más de la vereda Buenavista, que se consideran defensores del Nudo de Almaguer.

El día en que el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la locomotora minera como motor de desarrollo del país, la nostalgia regresó a La Concepción. Incluso, muchos que no la conocían se dieron a la tarea de cuidar esa montaña con agua amarillenta estancada en los socavones, con olor a azufre, que tras cuatro décadas aún no se ausenta de este cerro llamado el Alto del Mono. Esa montaña es el cañón de la quebrada Agua del Oro y del río Marmatos, que corren hacia el Guachicono para entregarle su torrente al caudaloso río Patía.

Si se explotan las minas de Almaguer, como lo presienten los defensores del Macizo, multinacionales como AngloGold Ashanti llegarían con maquinaria más sofisticada y posiblemente provocarían lo que el geólogo y ambientalista Julio Fierro anuncia: entre 2.400 y 3.500 millones de toneladas de residuos en comparación con ciudades como Bogotá, que generan 2 millones de toneladas de basuras al año; si se tiene en cuenta que un proyecto de minería a gran escala puede durar 25 años, para extraer el metal se produciría una cantidad 50 veces mayor que en la capital.

Sin embargo, para Sandra Ocampo, gerente de comunicaciones de la AngloGold Ashanti, esa cifra aún es especulativa y no hay un dato preciso, ya que la multinacional, que llegó en 2003 a Colombia, actualmente está en etapa de exploración en todo el país. “Todo proyecto minero es diferente, porque depende del tamaño del proyecto, de la roca que haya en ese lugar y de los estudios que se realicen”, enfatizó.

Para este caso, Ocampo presenta un ejemplo preciso de la mina de oro de Cripple Creek and Victor, en Colorado, Estados Unidos: “Es una mina donde se generan 70 millones de toneladas de residuos cada año. De esas, 47 son residuos de roca que se vierten en lo que se llama depósito de estéril. Cuando el depósito alcanza la cantidad de roca que puede almacenar, se procede a revegetalizarlo en armonía con el entorno ambiental, es decir, con especies propias de la zona donde está el proyecto”.

Aerial View of Cripple Creek and Victor Mine. Photo: http://elementsunearthed.com

A Libia lo que más la atormenta de la ambición por el oro, es el recuerdo de su madre, quien fue asesinada en 1971 a machetazos en esa finca, por robarle el dinero. Ese recuerdo taladra su corazón. En 1992 su padre murió de cáncer y de pena moral, y su último deseo fue que convirtieran esa montaña en una zona de reserva natural: “No vayan a vender las tierritas, para que cuando no tengan trabajo en la ciudad, vuelvan a ellas”, les dijo a todos sus hijos.

Pero ese sueño parece derrumbarse. Según Francisco Vidal, subdirector de Patrimonio Ambiental de la Corporación Autónoma del Cauca (CRC), aunque esa montaña donde está la mina tendría que ser protegida, “lastimosamente no está en el marco de un ecosistema que impida el desarrollo de la actividad minera”. Ese argumento aleja a la familia Mamian de las pretensiones de cerrar la mina y evitar que “los residuos rocosos, que tienen una alta cantidad de pirita de sulfuros, generen acidez en las aguas de estas tierras”, como lo explica el geólogo Julio Fierro.

Aun así, la persistencia de esta familia y del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), continúa. A través de foros municipales, desde hace dos años vienen impulsando la figura de las zonas de reserva de la sociedad civil para proteger 362 cuerpos lagunares, 13 páramos, los bosques altoandinos y los glaciares que nacen en esta región y que suministran el agua a más del 70% de los colombianos.

Ocho horas después de tocar un pedazo de macizo, regresamos a la mansión de doña Libia. Y entonces el misterio se resuelve cuando llegamos al patio de su casa. Ahí, en una tumba rodeada de flores moradas, están los restos de su padre y su madre, que enterró con recelo para que sus energías y su sueño sigan siempre latentes: proteger estas tierras de abundante agua dulce y selva virgen.

La Sierra, Cauca, es la puerta del Macizo Colombiano. Desde ahí se vislumbra la ambición por estas tierras: de las 20.300 hectáreas que tiene el municipio, 12.193 están tituladas, es decir, el 60% del territorio. Más aún, 2.655 hectáreas están solicitadas, que incrementan el 13% de este municipio. De esos títulos, seis son de la AngloGold Ashanti y equivalen a 10.177 hectáreas. El resto de concesiones se las dividen Carboandes y particulares.

En ese municipio está la vereda Frontino Alto y ahí vive una india berraca y humanista: Omaira Rojas. 42 años. Su pelo negro y liso me hace catalogarla como indígena, sin embargo, no pertenece al cabildo de su vereda. Hace once años vive en esta zona a punta de cosechar café y caña, y de bajar a lavar oro al río Esmita, otro afluente del Patía.

Desde 2003, cuando llegó la multinacional AngloGold Ashanti, en ese entonces con el nombre de Kedada, Rojas se ha opuesto al proyecto megaminero y eso le ha costado amenazas de personas que están a favor del proyecto. La mujer de Abelino Garzón, expresidente de la junta de acción comunal de la vereda, le dijo en 2011 que “por andar de metida oponiéndose a la empresa cualquier día aparecía tirada en la carretera”, recuerda Omaira.

Al frente de su casa, en un cerro simbólico para ella y su comunidad, está la escuela de la vereda. “Ese también lo quieren volver polvo y extraerle el oro”, dice. El proyecto es de la multinacional AngloGold Ashanti y se llama Cerro Gordo.

Pero, para Sandra Ocampo, gerente de comunicaciones de la multinacional, decir que se va a sacar oro de ese cerro es apresurado. “El interés de AngloGold Ashanti por ahora no es extraer oro, sino conocer y explorar el país, para saber si hay posibilidad de desarrollar un proyecto en esos lugares”.

Esto ha generado preocupación entre los pobladores de La Sierra, Cauca, que los ha llevado a convocar junto a la organización social CIMA un foro minero en defensa del territorio y el medio ambiente el próximo 16 de junio. Si se hace, este sería el cuarto en la región y sería sin la ayuda del alcalde del Partido de la U, Húver Ramos, que se ha negado a apoyarlo. Ese hecho y la negación a defender a sus campesinos en el pasado paro cafetero, le han costado que los pobladores estén recogiendo firmas para revocar su mandato.

Así viven la mayoría de los 89 municipios que pertenecen al Macizo Colombiano. En Cauca y Nariño, con movilizaciones y acciones, defienden esta gran región, declarada por la Unesco en 1979 como reserva de la Biosfera. En el corregimiento de Santa Cruz, municipio de San Lorenzo, Nariño, sus pobladores van a construir un cementerio en el cerro donde la AngloGold Ashanti tiene un título minero. Y en La Sierra, Cauca, Omaira dice que de su tierra sólo la sacan con los pies para adelante.

Por: Edinson Arley Bolaños / Especial para El Espectador

Elephant Crisis in the Central African Republic

ORIGINAL: WCS

April 25, 2013 

© Cristián Samper/WCS 

With field reports indicating a new wave of elephant slaughter near the Dzanga-Sangha protected areas in the Central African Republic, WCS and WWF call for immediate action. 

WWF and WCS have received alarming reports from their field operations that elephants are being slaughtered in the violence-ridden Central African Republic (CAR), where new powers in place struggle to gain control over the situation. The conservation organizations are issuing today a joint call for immediate action. 

Due to the violence and chaos in the area, the exact number of elephants slaughtered is not known, however initial reports indicate it may be extensive. WWF has confirmed information that forest elephants are being poached near the Dzanga-Sangha protected areas, a World Heritage Site. Elephant meat is reportedly being openly sold in local markets and available in nearby villages. The security situation is preventing park staff from searching the dense forest for elephant carcasses. 

The two organizations, WWF and WCS that have worked in CAR since the 1980s, are calling on the Central African Republic and its neighbors to immediately increase security in the region to protect the area's people and elephants. Governments are meeting next week at an extraordinary meeting to discuss ways to stop the poaching that has plagued the region. Up to 30,000 elephants are killed in Africa each year for their ivory tusks, which are in demand in Asia. 

The following statements have been issued by WWF and WCS: 

Jim Leape, WWF Director General said: 

“The elephant poaching crisis – driven by insatiable ivory demand – is so severe that no area is safe, not even the World Heritage Site Dzanga-Sangha where both WWF and WCS have now worked for the conservation of elephants for decades. Heroic rangers are standing firm in the face of immense danger, but they alone cannot safeguard the special species and places the world treasures. When meeting next week, Central African governments must urgently join forces against this criminal activity that is also threatening the stability and economic development of their countries. I encourage them in the strongest terms to take a stand against wildlife crime and together declare that poaching and illicit trafficking will not be tolerated.” 

Cristián Samper, WCS President and CEO said: 

“Together, WCS and WWF, are calling on the Central African Republic government to immediately increase security in the region to protect these elephants from poachers and are asking other regional governments to provide assistance to stop the killing. Our staffs have been forced to evacuate in the chaos. I recently visited CAR and saw first-hand that without a full-time conservation presence in the region, these elephants are in jeopardy from poachers. WCS and our partners will continue to work tirelessly to protect elephants across their range.” 

WWF has worked in Dzanga-Sangha for 30 years and supports protected area management, gorilla research, law enforcement and tourism development. WCS has been in the area for more than 20 years, in charge of monitoring and research of the elephants of Dzanga Bai, a forest clearing containing a mineral-rich watering hole. In addition, WCS works immediately across the border in the Republic of Congo to protect the same population of elephants where the government is working to ensure their additional security on that side of the border. 

Encuentran delfines mutilados en la costa del golfo de México

ORIGINAL: Russia Today
18 nov 2012

Los socorristas no se explican "por qué alguien podría querer matar a estos animales"

facebook.com / The Institute for Marine Mammal Studies

Las autoridades han abierto una investigación sobre los ataques a los delfines que tienen lugar en la costa norteña del golfo de México.

Varios animales marinos fueron hallados allí con heridas de bala, cortes y con partes de sus mandíbulas arrancadas, informa el periódico local ‘The Sun Herald’. 

Los delfines mutilados fueron encontrados por los empleados del Instituto de Estudios de Mamíferos Marinos en la ciudad de Gulfport, Mississippi. Moby Solangi, el director ejecutivo del Instituto, dijo que recuperar los animales y realizar una necropsia para determinar la causa de su muerte es una experiencia desgarradora para su personal. 

facebook.com / The Institute for Marine Mammal Studies. Empleados del Instituto durante una operación de salvamento de delfines 

"Creemos que hay alguien o algún grupo que lo hace a propósito", indicó. "No sólo los matan, sino que también los mutilan". Añadió que no tenía idea por qué alguien podría querer matar a estos animales. "Ellos ya están bajo mucho estrés por el derrame de petróleo en la zona", destacó Solangi. 

Según él, la gente común puede ayudar entregando cualquier información que conozcan acerca de estos crímenes. También pidió a los pescadores deportivos y comerciales que permanezcan alerta por si ven que alguien mata a delfines. Los ataques a estos animales pueden ser castigados con la imposición de multas e incluso de sentencias de cárcel. 

Bye, bye a la Amazonia, II

ORIGINAL: El Tiempo

Por: MANUEL RODRíGUEZ BECERRA

11 de Agosto del 2012

"El Ministerio del Ambiente es un facilitador del crecimiento económico", afirmó el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, en la rendición de cuentas realizada en Santa Marta.

En la práctica, esta visión se ha materializado en su entusiasta defensa de la política minera, incluyendo las áreas estratégicas mineras. Y, aunque usted no lo crea, y como lo registró La Silla Vacía, la reciente declaración de estas áreas, con una extensión de 17,6 millones de hectáreas, fue propuesta conjuntamente por los ministros de Minas y de Medio Ambiente al presidente Santos, sin un estudio previo del Ministerio del Ambiente.

Igualmente grave, la argumentación del ministro Pearl a favor de las áreas estratégicas ha estado llena de inexactitudes. Afirmó que el otorgamiento de títulos mineros se congelará durante diez años, protegiéndose así una extensión de selva equivalente al tamaño de Kuwait. Pero omitió anotar que el objetivo central de las áreas estratégicas es el otorgamiento de concesiones especiales a la gran minería, durante ese período, y le faltó también aclarar que los cerca de mil títulos mineros solicitados y vigentes a la fecha de expedida la resolución en junio pasado serán tramitados por la agencia minera. Definitivamente: bye, bye a la Amazonia.

En contraste con Minambiente, algunos miembros del alto gobierno y representantes de organizaciones campesinas, indígenas, de la producción agrícola, de la academia y de la Iglesia han enviado múltiples SOS al presidente Santos sobre los daños ambientales y sociales causados por diversas operaciones mineras -legales e ilegales- y sobre los enormes riesgos de su política para el futuro del país.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha señalado en múltiples intervenciones que las áreas estratégicas y los títulos mineros concedidos cubren el 53% del territorio dedicado a la actividad agropecuaria, o con potencial para ella, lo que causaría 

• el deterioro de suelos productivos, 
• la afectación de los recursos hídricos y 
• la contaminación de las aguas y 
• de los productos agrícolas. 

Es una posición compartida por el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, quien ha advertido sobre los altos riesgos de la minería para el sector.

A su vez, Samuel Azout, director de la Agencia para la Superación de la Pobreza, en un intercambio de trinos con algún empresario, afirmó: "Explotación de carbón y petróleo, ¿qué traen? ¿Progreso? O ¿destrucción del suelo agrícola, apreciación de la moneda, prostitución, miseria? Tengo plena independencia de opinión y hablo desde el territorio, no desde el escritorio. Yo creo en resultados... y los resultados en el terreno no son de progreso, son de miseria".

Y la Conferencia Episcopal manifestó su profunda preocupación sobre "

• (i) la destrucción de la naturaleza selvática del país, pulmón del planeta; 
• (ii) la presencia de proyectos mineros en territorios de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas sin el debido enfoque social y ambiental; y 
• (iii) la minería como detonante de conflictos ambientales y sociales generadores de nuevas violencias".

Son alertas efectuadas también por reconocidos académicos, como el economista canadiense Albert Berry, para quien Colombia es "uno los lugares menos propicios del mundo para la minería" por su historia de conflicto y de falta de justicia en el área rural.

Así, pues, el Minambiente, Frank Pearl, como "facilitador del crecimiento económico", se ha comprometido en la defensa de una cuestionada política minera y, a similitud del presidente Santos, ha hecho oídos sordos a los múltiples y autorizados clamores de sus colegas de gobierno y de otros sectores sobre sus actuales y futuros daños ambientales y sociales. No sobraría que F. Pearl revisara cuáles son las funciones que la ley le otorga como ministro de Ambiente.

Manuel Rodríguez Becerra

mrb@uniandes.edu.co

Killings of environmentalists appear to be on rise

ORIGINAL: Businessweek

Image: Global Witness

Photo: Global Witness

BANGKOK (AP) — The eulogies called Chut Wutty one of the few remaining activists in Cambodia brave enough to fight massive illegal deforestation by the powerful. The environmental watchdog was shot by a military policeman in April as he probed logging operations in one of the country's last great forests.

Nisio Gomes was the chief of a Brazilian tribe struggling to protect its land from ranchers. Masked men gunned him down in November; his body, quickly dragged into a pickup, has not been seen since.

Around the world, sticking up for the environment can be deadly, and it appears to be getting deadlier.

People who track killings of environmental activists say the numbers have risen dramatically in the last three years. Improved reporting may be one reason, they caution, but they also believe the rising death toll is a consequence of intensifying battles over dwindling supplies of natural resources, particularly in Latin America and Asia.

Killings have occurred in at least 34 countries, from Brazil to Egypt, and in both developing and developed nations, according to an Associated Press review of data and interviews.

A report released Tuesday by the London-based Global Witness said more than 700 people — more than one a week — died in the decade ending 2011 "defending their human rights or the rights of others related to the environment, specifically land and forests." They were killed, the environmental investigation group says, during protests or investigations into mining, logging, intensive agriculture, hydropower dams, urban development and wildlife poaching.

The death toll reached 96 in 2010 and 106 last year, said the report, which was released as world leaders gathered in Rio de Janeiro for a conference on sustainable development. The report's annual totals for the six prior years range from 37 in 2004 to 64 in 2008.

More than three-quarters of the killings Global Witness tallied were in three South American countries: Brazil, Colombia and Peru. Another 50 deaths occurred in the Philippines. All have bloody land-rights struggles between indigenous groups and powerful industries.

Global Witness' figures are much higher that those that Bill Kovarik, a communications professor at Virginia's Radford University, has been compiling since 1996. He focuses on slayings of environmental leaders and does not include deaths in protests that are counted in the Global Witness report. But Kovarik, too, has noticed a substantial jump: from eight in 2009 to 11 in 2010 and 28 last year.

"For many years intolerant regimes like Russia and China and military dictatorships tolerated environmental activists. That was the one thing you could do safely, until some crossed into the political area," Kovarik said. "Now, environmentalism has become a dangerous form of activism, and that is relatively new."

Both Kovarik and Global Witness believe even more killings have gone unreported, especially in relatively closed societies in countries such as Myanmar, Laos and China. Global Witness said there is an "alarming lack of systematic information on killing in many countries and no specialized monitoring at the international level."

The dead last year included Rev. Fausto Tentorio, an Italian Catholic priest who fought against mining companies to protect the ancestral lands of the Manobo tribe in the southern Philippines. Affectionately known as "Father Pops," he was buried in a coffin made from a favorite mahogany tree he had planted.

In Thailand, where at least 20 environmental activists have been killed over the past decade, seven hired gunmen were paid $10,000 to kill Thongnak Sawekchinda, a veteran campaigner against polluting, coal-fired factories in his province near Bangkok. Powerful figures believed to have ordered the slaying are yet to be apprehended.

In developing countries, bolder and more numerous activists have come into sharper conflict with governments and their cronies or local and foreign companies, some with low environmental and ethical standards. These are moving in to "industrialize" areas where rights of the local people are traditional rather than clearly defined by modern laws.

"It is a well-known paradox that many of the world's poorest countries are home to the resources that drive the global economy. Now, as the race to secure access to these resources intensifies, it is poor people and activists who increasingly find themselves in the firing line," Global Witness said.

Julian Newman of the London-based Environmental Investigation Agency said the killings will only get worse because one of the key flashpoints — land ownership — ignites powerful passions.

"To people protecting their lands, their forests, it's very personal, and they suffer when confronted with influential forces who have protection, be it the police in Indonesia or thugs in China," Newman said.

Targeted assassinations, disappearances followed by confirmed deaths, deaths in custody and during clashes with security forces are being reported. The killers are often soldiers, police or private security guards acting on behalf of businesses or governments. Credible investigations are rare; convictions more so.

"It's so easy to get someone killed in some of these countries. Decapitate the leader of the movement and then buy off everyone else — that's standard operating procedure," says Phil Robertson, Asia deputy director of Human Rights Watch.

The countries where environmental killings are most common share similarities: a powerful few, with strong links to officialdom, and many poor and disenfranchised dependent on land or forests for livelihoods, coupled with strong activist movements which are more likely to report the violence.

Environmental groups say it is time to build a comprehensive database of such violence and mount unified campaigns.

"In Asia there has been a rise for some years but this has been off the radar of international NGOs until recently," says Pokpong Lawansiri, Asia head for the Dublin-based Front Line Defenders. "Political rights activists usually have international connections but environmental ones are often teachers, community leaders and villagers, so they have little profile."

Robertson called for "a waves-to-the-beach strategy. It can be small and irregular but it always has to keep coming."

"Without that constant level of concern and anger, things won't change. Governments and companies play for time and for most of the victims and their families time is not on their side," he said.

Pequeña minería en el Chocó

ORIGEN: Razón Pública

Mariana Sarmiento *

La situación de la pequeña minería en el Chocó está fuera de control. La consulta previa es mucho más que un requisito rutinario e incómodo, como se ve desde las alturas de Bogotá. Un llamado de urgencia sobre los acuerdos informales que deslegitiman a las comunidades locales y a sus autoridades tradicionales: los consejos comunitarios mayores.

Institucionalidad versus autorregulación

Hoy el gobierno nacional insiste en que antes de regular el sector minero hay que fortalecer la institucionalidad. Mientras tanto, los conflictos locales en torno a la minería continúan e inclusive se exacerban.

Mientras damos espera a que se fortalezca la institucionalidad en el país, en los territorios los distintos actores desarrollan e implementan sus propias reglas que les permiten legitimar prácticas informales por las vías de hecho.

Aún cuando en este proceso de autorregulación se mantiene cierta “funcionalidad” en la vida cotidiana de los actores – pese a la limitada intervención estatal – generalmente los intereses de las comunidades suelen ser desestimados e incluso se imponen abusivamente intereses particulares mediante el uso del poder político, financiero, extorsivo y por acciones violentas.

Es el caso del Chocó, donde en medio de una situación de “despelote” jurídico sobre las normas que regulan el uso de los recursos naturales, existe un verdadero tejido de acuerdos de autorregulación sobre las intervenciones en el territorio.

Estos arreglos permiten identificar algunas de las preocupaciones y necesidades de las poblaciones de este departamento y cómo éstas deben ser incorporadas en las políticas públicas.

Los actores de la minería informal y artesanal

En el subsuelo del departamento del Chocó se encuentran escondidas reservas importantes de oro y platino. Ha habido actividad minera permanente desde hace más de 200 años. A lo largo de la historia han participado muchos actores en esta tragedia: empresas multinacionales, pequeños empresarios y mineros artesanales [1] [2].

En la actualidad, la pequeña minería en estos municipios es ejercida por mineros artesanales nativos y mineros foráneos informales mecanizados.

Foto: etnoterritorios.org

Esta dilatada tradición de explotación ha llevado naturalmente a los habitantes del territorio a adoptar la minería como una actividad económica legítima y necesaria, y también a desarrollar normas locales para el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales: unas consuetudinarias y otras surgidas en medio de tensiones fruto de dinámicas más recientes.

En la actualidad, la pequeña minería en estos municipios es ejercida por mineros artesanales nativos y mineros foráneos informales mecanizados:

• Los primeros hacen parte de los consejos comunitarios de comunidades negras y ejercen la minería mediante el uso de diversos métodos, desde los más simples tecnológicamente, hasta implementando equipos convencionales poco costosos y con motores de baja potencia como minidragas, motobombas y elevadores.
• Los segundos practican la minería con retroexcavadoras, maquinaria más pesada. Casi ninguno de estos actores ha obtenido los títulos mineros correspondientes ni cuenta con las autorizaciones ambientales respectivas [3]. Es más, gran parte de la actividad minera ocurre en zonas de reserva forestal donde precisamente estas actividades están restringidas.

No obstante, es preciso destacar que la minería artesanal se desarrolla dentro del área minera de comunidad reconocida por el Ministerio de Minas, bajo la categoría de minería que no requiere título.

Para que la actividad minera se pueda desarrollar, tanto las prácticas de los mineros artesanales como las de los mineros informales de retroexcavadora se han ido adaptando y legitimando localmente mediante acuerdos entre los actores con mayor incidencia: las alcaldías, los dueños o poseedores de las tierras, los consejos comunitarios y los mineros. A continuación se describen algunos de los acuerdos evidenciados sobre el terreno, discriminados según el tipo de minería.

Minería informal mecanizada con retroexcavadora

Usualmente las alcaldías locales imponen tarifas y condiciones de “manejo ambiental” a los mineros mecanizados antes de otorgarles un “permiso de explotación”. En algunos casos, las administraciones municipales han cobrado aproximadamente 1.800.000 pesos por el montaje de la mina y una mensualidad de 500.000 pesos mientras esté funcionando.

Una de las curiosas condiciones de “manejo ambiental” es la prohibición de trabajar durante los fines de semana, para evitar la contaminación de las aguas: estos días se consagran a labores domésticas como el lavado de la ropa y a disfrutar del río en general.

En el subsuelo del departamento del Chocó se encuentran escondidas reservas importantes de oro y platino y ha habido actividad minera permanente desde hace más de 200 años. Foto: Gomain.

Los mineros mecanizados también establecen acuerdos con los dueños de las tierras. Dependiendo de su capacidad de negociación y del potencial de producción de la mina – estimado en forma muy especulativa – los mineros pagan montos que oscilan entre el 10 por ciento y el 15 por ciento de la producción. En otros casos, en lugar de un porcentaje sobre la producción, se cobra un valor de arrendamiento basado en los mismos criterios.

Los Consejos Locales también establecen acuerdos con mineros mecanizados que desarrollan el aprovechamiento dentro del territorio colectivo. Al igual que las alcaldías, en ocasiones también convienen un “impuesto” al minero de retroexcavadora equivalente al 1 por ciento de su producción mensual. Pero por lo general, los mineros llegan directamente a acuerdos con los dueños o poseedores de las tierras o con las alcaldías, desconociendo la autoridad local tradicional.

Asimismo, los mineros con retroexcavadora ocasionalmente permiten a los miembros de la comunidad hacer minería de bareque en sus entables. Este acuerdo es impulsado muchas veces por administraciones municipales que han puesto como condición para los mineros mecanizados autorizar la entrada de estas personas, con el fin de generar ingresos económicos y mantener un orden social en la comunidad, a la vez que favorece cierta aceptación de la actividad minera. [4]