ORIGINAL: Carlos Victoria
Febrero 26, 2012 at 6:48pm ·
A todas luces no es compatible el desarrollo minero a gran escala con los derechos colectivos a un ambiente sano. Las escaramuzas de las últimas semanas en distintos lugares del país por cuenta del malestar social que produce a su paso la locomotora minera, metáfora que inculca la supremacía del patrón dominante en las políticas extractivas, solo están reflejando que el legado de la Constitución de 1991 no ha sido tan mezquino como algunas pretenden hacer creer.
La participación ciudadana cuando se transforma en protesta social adquiere el estatus legítimo de inconformidad popular. Y eso es justamente lo que se observa tras los procesos de reclamo comunitario alrededor del derecho al agua, a la soberanía alimentaria y en últimas a una vida digna. La misma que no están garantizando las multinacionales que configuran el cartel minero energético a costa de doblarle el espinazo a algunas autoridades ambientales y gobernantes locales que, en muchos casos, han servido en bandeja de plata sus territorios.
A medida que los conflictos ambientales se agudizan por cuenta del avance de la llamada locomotora, la estrategia de las multinacionales consiste en atenuar la violencia policial que se desata en los campos colombianos contra los reclamantes, mediante el uso de propaganda en la que el lobo se viste con piel de oveja. En otros casos se apela a la maniquea responsabilidad social con la cual se pretende cooptar la informidad ciudadana. En últimas construyen una gobernabilidad mediática en pos del control social.
Pacific Rubiales Corporation, Anglo Gold Ashanti y la Drummond Company, Inc., entre otras compañías extranjeras, apelan al lobby propagandístico para ganarse las mentes y los corazones de los colombianos. Han salido del incomodo closet, pasando a una ofensiva que no solo se contrarresta con gases lacrimógenos, balas de goma y bolillazos, como bien se pudo observar en el documental elaborado por el periodista Bladimir Espitia Sánchez . El contra ataque incorpora una ofensiva publicitaria sin precedentes, apelando a testimonios de operarios, familiares y técnicos.
Detrás de la campaña publicitaria y los periodistas ancla destacados en los grandes medios de comunicación del país, se busca manipular a la opinión pública, si tomamos en cuenta al experto Guillermo Rudas Lleras, para quien se estaría legitimando un verdadero paraíso fiscal en favor de las multinacionales: “las regalías -en el caso del oro- deberían estar entre el 4 por ciento (filón) y el 6 por ciento (aluvión) del valor de la producción, pero sólo representaron el 3,8 por ciento por ciento de dicho valor durante el período de 2002-2010”. Este solo dato, entre otros tantos, desmiente de entrada el eslogan de la campaña “Pacific es para mí”.
La campaña contra la denominada “minería ilegal” es la mejor demostración para abrirle la puerta al capital extranjero a la riqueza de todos los colombianos, porque mientras sataniza a los mineros tradicionales, quienes “toda la vida” han vivido de barequear y arriesgar su vida en un socavón, se presenta a las multinacionales como las únicas capaces y eficientes, siguiendo la tradición colonial de las élites criollas. Como sostiene Rudas, si las reglas del juego no cambian “los aportes de la minería al país seguirán siendo una vana ilusión, especialmente si se contrastan con el alto riesgo social y ambiental que esta actividad implica”.
Desentrañar la guerra sucia, la manipulación propagandística y el vasallaje mediático de los grandes conglomerados informativos, es parte del ejercicio que le corresponde a la comunicación alternativa y al periodismo independiente. La repercusión mundial del documental del periodista Espita Sánchez es un ejemplo elocuente de que las grandes multinacionales y medios de comunicación no lo pueden controlar todo, a pesar de su poderío.
25 de febrero de 2012
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