A los científicos en Colombia se les cobra por investigar

ORIGINAL: CARACOL

Colombia tiene el número más grande de especies por unidad de área en el planeta. Hay más de 1800 especies de aves, que van desde el cóndor de los Andes hasta el diminuto colibrí. La fauna colombiana es muy variada en especial en las selvas amazónicas, hay variedad de especies (aves, roedores, insectos, peces, micos, reptiles, etc.) únicos en el mundo, ejemplo de ello son los delfines rosados. Se encuentra a su vez diversidad en el clima que varia por solo kilómetros (húmedos, fríos, calientes, etc); Los herbarios colombianos han clasificado más de 130.000 plantas, incluyendo entre ellas la bellísima orquídea considerada la flor nacional de Colombia.

Todo esto reúne un país entero en el cual el impulso científico es vital para crear un desarrollo sostenible y una conciencia amigable para el ambiente y para la conservación de estas miles de especies.

Pero la comunidad científica, recibió con sorpresa la Resolución 260 del 28 de diciembre de 2011, en la cual se establecen cuatro nuevos tipos de cobro en los que los científicos o sus organizaciones deben incurrir por el solo hecho de querer tener acceso al rico material genético existente en el país, así como otra serie de trabas burocráticas que hacen imposible hacer ciencia e investigación.

Pero difícil de creer, mientras a la actividad científica se le complican los trámites y se colocan restricciones, a la minería ni se le molesta con consultas previas y en 90 días se les da el permiso, con pocos o nulos controles ambientales. Igual ocurre con la tala de bosques en el Chocó, que son para multinacionales norteamericanas del sector maderero.

Consecuencia de esto para cumplir con la ley colombiana, un científico que quiera, por ejemplo, recolectar mariposas para conocer únicamente cómo se llaman, debe armarse de paciencia los tres años y medio, en promedio, que dura el proceso para obtener el permiso del Ministerio y lograr el mencionado contrato de acceso a recurso de material genético. Además, es necesario disponer de 15 millones de pesos que cuesta cada consulta previa ordenada, la cual debe adelantarse con cada comunidad indígena o aborigen que tenga presencia en el lugar donde se piense trabajar científicamente.

El profesor asociado de la Vicerrectoría de Investigación de la UN, Gonzalo Andrade, dijo que esto es “una burla al proceso que se adelanta con el mismo Ministerio de Ambiente”. Además afirmó que sin este contrato, los científicos están expuestos a parar en la cárcel, porque así lo dice la norma. “Si esto es ilegal no es porque los científicos lo queramos, pero con la norma vigente y ahora agravada, es imposible la adquisición de un contrato de acceso a recursos genéticos en Colombia. En 15 años tan solo han sido aprobados 46. Hoy por hoy, 560 proyectos requieren de ese tipo de contrato, el tiempo pasa y las trabas aumentan”, remarcó.

Andrade además dijo, “Ahora nos van a cobrar por la evaluación y seguimiento de los proyectos que presentamos ante las autoridades ambientales. Cuando presentemos el proyecto, le debemos pagar al Ministerio; cuando nos van a evaluar, le debemos pagar, y cuando nos van a hacer seguimiento, también hay que pagar aspectos como honorarios”.

Frente al tema, afirmó que la sorpresa es mayor porque les abren la puerta a contratistas nacionales o extranjeros que serán los autorizados para darle o no el aval a dichos proyectos, y se les debe pagar con el tope máximo de una tabla respectiva que maneja el Ministerio de Transporte para este tipo de actividades y con los valores del PNUD (para foráneos). “Si antes requeríamos 15 millones de pesos por proyecto, ahora nos tocará tener 20 millones en promedio. Nos van a hacer seguimiento en gastos de viaje y viáticos que tenemos que pagarles a los funcionarios de los ministerios que quieran ir a ver lo que hacemos. No sé cómo el Estado colombiano dice querer incentivar la investigación y la ciencia y demuestra otra cosa”.

Agregó que el Gobierno también se contradijo al suscribir el Protocolo de Nagoya, que busca “suavizar” los trámites y controles para las investigaciones científicas, así como hacer una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos que genere una patente de una investigación. con todo esto tristemente se  demuestra la restricción que el país le está haciendo a los investigadores que pretenden impulsar desarrollos benéficos para la nación pero que con esta ley  puede llegar a ser un problema para la misma.