ORIGINAL: El Colombiano
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| Robinson Sáenz, Amagá | La mina San Fernando (en la imagen), ya reanudó operaciones, aunque no a plenitud. Un propósito de las autoridades es aplicar la legislación minera y fortalecer la actividad con un perfil empresarial. Hay programas de capacitación a quienes viven de la actividad en la Cuenca del Sinifaná. |
LA TRAGEDIA DE la San Fernando dejó lecciones para que la extracción de carbón se ejerza con más rigor. Líderes de Amagá dicen que acabar la informalidad generará un drama social. Es fácil ordenar cierres desde un escritorio, critican.
León J. Saldarriaga L. | Enviado especial, Amagá | Publicado el 13 de junio de 2011
El furor comercial de este pueblo de 30.000 habitantes no sería posible sino fuera por el dinamismo que le imprime la pequeña minería, que representa el 90 por ciento de esta actividad, pero hoy enfrentada a un imperativo del gobierno nacional de acabar con la informalidad.
Ese mandato, justificado en la seguridad de la población minera y en la formalización del sector, es tan válido como la notificación del personero municipal de Amagá, Julio César Sánchez, de que "desde un escritorio es muy fácil decir: cierren las minas ilegales, pero otra cosa es ver aquí a la gente sufriendo".
Por más voluntad que se tenga, admite que al Municipio le queda imposible asumir todo el control, pues "ha ocurrido que cuando se dan cuenta que van a hacer los cierres, los trabajadores se meten al socavón con varios miembros de sus familias para presionar a la autoridad a que no lo haga".
Y pretender que la tragedia que hace un año apagó la vida de 73 hombres en un túnel de la mina San Fernando marcara un cambio radical en la actividad, también es una ilusión, pues según la alcaldesa, Auxilio del Socorro Zapata, el Municipio continúa con mucho dolor, casi en las mismas condiciones de extracción del carbón y con más exigencias del Ministerio y de la Secretaría de Minas.
De las tareas de seguimiento a la minería informal, revela que este año se ha ejecutado el cierre de unas 20 minas por no cumplir con la normatividad no tener título registrado ni estar en trámite, de manera especial en los sectores de Minas y La Ferrería.
"Es por la protección de sus vidas", dice la Alcaldesa, y destaca sobre todo el control con el trabajo de los menores de edad.
Aunque hubo una fuerte reacción a aquellas acciones, señala que se están capacitando en normatividad, pero el problema es que el 60 por ciento de la población subsiste en forma directa o indirecta de la explotación minera y cualquier decisión impacta a toda la comunidad.
Por eso el personero Hernández tiene claro que la minería informal es "un mal necesario", porque es el único medio de sustento familiar de la población.
De su vivencia, aprecia que desde lo local es imposible solucionar la informalidad porque la política en materia de carbón no es clara, pues exige a las autoridades municipales un estricto control, mientras que desde los niveles departamental y nacional no se prestan los apoyos requeridos, no sólo para cumplir los cierres, sino para atender la problemática social que se desprende.
"¿Entonces qué se ponen a hacer 100 personas de una mina que se cierra?", se pregunta.
Parte de la respuesta la puede aportar Rubén Darío Gómez, vocero de la Asociación de Mineros de la Cuenca del Sinifaná (Asomicsi), quien reprocha que por instrucciones del Ministerio de Minas, se "tiraron a la basura" los procesos de legalización que se habían iniciado para el reconocimiento de la minería informal.
"Los frenaron a través de una resolución", dice, al considerar que están ganando tiempo para que la minería informal no se legalice y entregarle todos los recursos a trasnacionales, con lo que se busca una integración de áreas para que una empresa de grandes proporciones pague las indemnizaciones y asuma todo el control en una región.
"Así la pequeña minería estaría siendo aniquilada de la región", denuncia.
La advertencia de Gómez es que una explotación industrial a gran escala no ocupa la mano de obra que sí genera la pequeña minería, que dinamiza la economía local.
El líder ve paradójico que el Ministerio mande a los alcaldes a que realicen los cierres y, de un momento a otro, se conviertan en enemigos de quienes los han conocido siempre.
"Aquí son más de 150 minas informales y cada una tiene un promedio de 20 trabajadores, cómo hace un alcalde para dejarlos en la calle", reclama.
Y cómo impedir que la informalidad prevalezca, ante la demanda del mineral y la cadena económica que genera.
Gómez pone como ejemplo que una mina informal pequeña tiene una producción promedio de 300 toneladas al mes.
En las empresas de Medellín el valor aproximado por tonelada es de 135.000 pesos. Un solo viaje en volqueta moviliza unas 12 toneladas, por el que se pagan 17.000 pesos de flete por cada una, 30.000 pesos al conductor, 7.000 pesos de báscula y 50.000 por cargar el automotor.
Y en un solo sector como La Ferrería, la producción la estima en 5.150 toneladas de carbón al mes.
El ejemplo lo llena de razones para sostener que en caso de un cierre masivo de minas informales, "todo el mercado quiebra" porque son más de 3.000 trabajadores y sus familias que dependen del mineral extraído de las entrañas de Amagá.
» Implicaciones
Apoyo sí, pero hubo que pagar $100 millones
Con el tiempo, la tragedia de las 73 víctimas le dejó otro drama al Municipio, pues si bien hubo un acompañamiento institucional muy amplio, la alcaldesa dice que "financieramente nos tocó enfrentarlo solos".
Una cosa fue el apoyo con equipos de rescate y elementos médico-quirúrgicos por la Gobernación y el mismo Medellín, pero el peso de toda la logística lo tuvo que soportar Amagá.
La realidad es que el costo de los alimentos para unas 400 personas diarios, transporte, combustible y alojamiento, entre otros, tuvo un costo aproximado de 100 millones de pesos que se tuvieron que asumir con la declaratoria de urgencia manifiesta. "Aquí nos estaban acosando y había que pagar a todos los proveedores", dice.
» Suma de esfuerzos para capacitar, mejorar seguridad y productividad en Cuenca del Sinifaná
Hay mayores desvelos por la prevención
¿Y qué se ha conseguido y aprendido después de la tragedia?
Juan Diego Cadavid, gerente del recién creado Centro Provincial Mineroempresarial para el Suroeste, valora la creación de esta iniciativa para promover y desarrollar la pequeña minería, pero sólo la legal. La considera como un acercamiento al territorio de la Secretaría de Minas y un apoyo a los municipios en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la actividad.
La idea -precisa- es crear una cultura minera para que se desarrolle como una empresa, con consideraciones de sostenibilidad.
Como la cultura ha sido de pequeña minería, dice que la idea son desarrollos de mayor tamaño para que crezcan y traigan beneficios a quienes hacen parte de la explotación minera. También se acompañará a la comunidad en formulación de proyectos para el territorio que luego se presentarán al Fondo Nacional de Regalías.
El ingeniero Rafael Meneses, vocero del Consorcio Sinifaná, consultor contratado por la Secretaría de Minas, destaca que tras un diagnóstico, se capacita en gestión empresarial, legislación minero-ambiental y seguridad minera, para lo cual se traen expertos en el tema.
Entre otros apectos, se abordan los de
- manejo de atmósfera,
- identificación y control de riesgos,
- instrucción y manejo de equipos,
- erradicación del menor trabajador y
- salud ocupacional.
El mensaje que se quiere dar desde la autoridad departamental es de mayor control y seguimiento a la minería en las subregiones.
Según Víctor Aguirre, profesional de la Secretaría de Minas, con el Sena, a través de un Banco de Equipos, se apropia tecnología con un programa que se ejecuta en 32 municipios.
La idea -dice- es generar una capacitación práctica en los mismos sitios de explotación. Por ejemplo, en ventilación, en perforación, en voladuras y en manejo de maquinaria pesada.
Para lograr avances se dejan los equipos por un tiempo determinado e incluso con algunos se han mejorado vías terciarias. En conjunto, Aguirre reporta que se han capacitado unas 2.500 personas en las zonas mineras.
Pero lo más inmediato es una alianza estratégica con Ingeominas para capacitar socorredores mineros, a los cuales se les facilita el transporte y alojamiento, para que después lo repliquen en sus sitios de trabajo.
Los pequeños están mejor en seguridad social
De su cuenta, los mineros se mueven para mejorar sus condiciones de trabajo. El vocero de Asomicsi, Rubén Darío Gómez, sostiene que la Asociación adelanta actividades para vincular los trabajadores a la seguridad social. "Esa situación hace seis meses era imposible para nosotros. Sólo era posible en las EPS y en pensiones, hoy lo hacemos en riesgos profesionales", subraya, y añade que se van a generar programas de capacitación en prevención.
En otras actividades con Ingeominas y Salvamento Minero -dice-, se adelantan visitas de control a la minería informal para recomendar seguridad industrial que evite accidentes, desplomes y aplastamientos y gases, lo que mas ocurre en la región.
Con todo, sostiene que una mina cerrada es mas peligrosa que una abierta porque se inunda y se acumulan gases que la convierten en una bomba de tiempo.
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