viernes, 25 de mayo de 2012

NO QUEREMOS SEMILLAS PRIVADAS, NI TRANSGÉNICAS EN COLOMBIA

ORIGINAL: Change.org

---NO QUEREMOS LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS --- 
Carta abierta contra el DECRETO POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS EN COLOMBIA, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

El MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA lanzó recientemente una Consulta pública con relación al Decreto por el cual se reglamenta el acceso a los Recursos Genéticos


Este decreto permitiría a multinacionales como:
  • MONSANTO Y Dupont (Estados Unidos), 
  • Syngenta (Suiza), 
  • Groupe Limagrain (Francia), 
  • KWS AG (Alemania), 
  • Land O' Lakes (Estados Unidos), 
  • Sakata (Japón), 
  • Bayer Crop Science (Alemania), 
  • Taikii (Japón), 
  • DLF Trifolium (Dinamarca) y 
  • Delta & Pine Land (Estados Unidos)
la privatización de las semillas tradicionales de Colombia, semillas que constituyen el origen natural de todo alimento y, por ello mismo, el origen de la seguridad y la soberanía alimentaria en Colombia. En Colombia, las semillas son y deben seguir siendo patrimonio de todos(as) los(as) colombianos(as). Permitir el “acceso” a nuestros recursos genéticos, es abrir la puerta a la privatización de este bien común esencial para todos(as) los colombianos(as) y bien común de la humanidad.

Monsanto, la controvertida multinacional estadounidense de los agroquímicos (véase el "El mundo según Monsanto" acerca de Monsanto), entró a Colombia gracias a la administración Uribe. La estrategia de Monsanto apunta a la privatización de las semillas, y así, acceder a su monopolio y control, utilizando para ello la biotecnología de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Al intervenir genéticamente una semilla, esto le permite patentarla, llegando a ser propiedad corporativa. Adicionalmente, Monsanto utiliza la biotecnología TERMINATOR que, incorporada a las semillas OGM, impide su reproducción después de la cosecha, obligando así a los agricultores a comprarle a Monsanto nuevas semillas cada año.

A escala mundial, la biotecnología OGM/Terminator es cuestionada y prohibida en muchos países del mundo y por reconocidos movimientos ambientalistas, entre ellos Greenpeace . Las preocupaciones acerca de las repercusiones negativas en al salud y el medio ambiente han hecho surgir una importante oposición a escala global. Contra esta tecnología se opone el Principio de precaución, que defiende la evolución natural de las semillas durante millones de años y previene acerca de las posibles consecuencias negativas causadas por la intervención genética en ellas, lo que viene experimentándose hace relativamente poco tiempo. Adicionalmente, y más grave aún, se denuncia la apropiación corporativa de un patrimonio de la humanidad.

Recientemente, países como Polonia, Belgica, Gran Bretaña, Bulgaria., Francia, Alemania, Irlanda y Eslovaquia le negaron el acceso de Monsanto a su territorio, particularmente en cuanto al controvertido maíz transgénico MON810: "Además de (...) destruir la salud humana produciendo una gama de dolencias", señaló Sawicki, funcionario del gobierno polaco, "el polen procedente de la cepa GM podría ser devastador para la población de abejas que ya se redujo en el país" (véase nota "Monsanto prohibido en Polonia, Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Francia, Alemania, Irlanda y Eslovaquia"

En el mismo sentido, en la península de Yucatán, alrededor de 2 mil representantes de comunidades de Campeche, Yucatán y Quintana Roo demandaron a las autoridades municipales y estatales así como a autoridades federales, que sus territorios sean declarados como “libres de transgénicos”, dado el riesgo que representan esos cultivos para el medio ambiente, la apicultura, la biodiversidad y para la salud humana (véase "¡Territorios libres de transgénicos!, exigen mayas de la Península de Yucatán")

Tras la implementación en 2011 del Tratado de Libre Comercio con Canadá –por medio del cual el suelo del territorio colombiano queda a la merced de las voraces multinacionales de la minería; y muy recientemente, el 15 de mayo de 2012, tras la firma del TLC con Estados Unidos –que coloca a nuestro país y al agro colombiano en una situación de extrema vulnerabilidad económica– sería extremamente grave poner nuestra seguridad y soberanía alimentarias en manos de intereses corporativos privados.

En Colombia, varios organismos del Estado, entre ellos el ICA, vienen trabajando concertadamente, produciendo la normatividad necesaria para facilitarle los propósitos a Monsanto. Ahora el Ministerio del Ambiente entre en el juego.

En su Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Olivier De Schutter, declara que “la agroecología es un modo de desarrollo agrícola que no sólo presenta fuertes conexiones conceptuales con el derecho a la alimentación sino que, además, ha demostrado que da resultados para avanzar rápidamente hacia la concreción de ese derecho humano para muchos grupos vulnerables en varios países y entornos.

El gobierno de Colombia tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de todos(as) los colombianos. El gobierno de Colombia debe garantizar que este proyecto de decreto en cuestión NO SEA APROBADO y evitar poner en manos de las corporaciones multinacionales un bien común patrimonio de los(as) colombianos(as). Y, de esta manera, salvaguardar la soberanía y la seguridad alimentaria de todos(as) los colombianos.

Atentamente,



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