Cesar: la minería tiene un gran costo social y ambiental

ORIGINAL: Razón Pública
Domingo, 16 de Octubre de 2011

Alvaro Pardo

El contacto directo con el desastre ambiental a gran escala causado por la extracción de carbón en este departamento lleva al experto a pasar de la denuncia a la recomendación para que el nuevo Ministerio intervenga con medidas urgentes y de fondo. La locomotora minera se desbocó en el Cesar.

¡Ay hombe…!

Bordeado por la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, el departamento del Cesar fue célebre antaño 

• por su vocación agrícola —arroz y algodón— 
• por levantar uno de los hatos ganaderos más importantes del país, 
• por su riqueza hídrica, 
• por las sucesivas bonanzas de marihuana y amapola en la década de los ochenta y 
• obviamente por el festival vallenato. 

La rápida secuencia de transformaciones hasta alcanzar el desastre ambiental actual puede resumirse en las siguientes etapas:

• La minería en pequeña escala —barbacheo de carbón— fue medio de subsistencia de centenares de familias, nativas unas y desplazadas otras por la violencia política de mediados del siglo XX.
• Luego llegaron las primeras empresas medianas y comercializadoras de carbón.
• A mediados de la década de los ochenta se instaló la Drummond.
• Cuando la riqueza del subsuelo se mezcló con la ganadera y la marimbera en una auténtica bonanza, arreció la violencia desatada por las farc y el eln.
• Durante los noventa, la dinámica de la mediana y gran minería de carbón se abrió paso veloz entre enormes latifundios y no pocos minifundios.
• La vocación del suelo inició su mutación hacia grandes cultivos de palma.

Gracias a la industria extractiva, los ríos empezaron a estorbar y el aire a enrarecerse. Los campesinos, otrora trabajadores de las fincas o de sus propios terruños, iniciaron su peregrinación a los caseríos, para dar paso a cinturones de miseria típicos de las poblaciones establecidas en las fronteras de los enclaves mineros: los malleros. Las investigaciones y crónicas de finales de los noventa y buena parte de la primera década de este siglo confirman el fortalecimiento de grupos paramilitares en franco contubernio con representantes del poder económico y de la institucionalidad política del departamento.

La gran minería va en serio

En menos de veinte años, el destino de esta amplia región del centro del Cesar cambió. La maquinaria de la gran minería arrancó produciendo las primeras cicatrices sobre la tierra cultivable, mientras el gobierno central se limitaba a entregar títulos y licencias ambientales, y la comunidad y los ríos fueron arrinconados para abrirle paso a la locomotora minera. En los últimos diez años, la minería se amplió de tres a diez grandes proyectos mineros en el centro del departamento:

1. Carbones de la Jagua,
2. Consorcio Minero Unido (CMU),
3. Carbones El Tesoro,
4. Sororia – Drummond (Cerro Largo),
5. Norcarbón S.A.,
6. Carbones del Caribe S.A.,
7. C.I.Prodeco / Glencore (Calenturitas y La Jagua),
8. Drummond (La Loma y El Descanso),
9. Emcarbón - Vale Coal (El Hatillo),
10. Carbones del Cesar (La Francia).

La compañía MPX cuenta con varios títulos mineros en el norte del departamento y aunque no ha iniciado operaciones, desde ya existe preocupación por la suerte del río Cesar, afluente del Calenturitas, pues quedó incluido en los polígonos mineros. Se destaca que algunas de estas compañías han integrado sus operaciones, pero otras se oponen a hacerlo. Se sospecha que la decisión de no integrar los títulos mineros tiene que ver con evasión de regalías… Cerca del 50 por ciento del departamento está titulado y con las solicitudes por resolver ante el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) fácilmente será convertido en minería de carbón entre un 70 y un 80 por ciento del departamento.

MAPA DE TITULOS Y SOLICITUDES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Rojo: Títulos Mineros.
Azul: Solicitudes mineras

El transporte del carbón genera contaminación del aire. – Polvillo de carbón acumulado en las vías.

Autoridad central y regiones

“El Estado no protege el territorio, pero tampoco permite que las regiones lo hagan. Entregan títulos mineros sin importar los parques nacionales, los ríos o demás zonas protegidas; y para completar, la autoridad ambiental, que le quitó todas las competencias a Corpocesar en el 2007, viene a hacer fiscalización una o dos veces al año, ellos tampoco saben qué está pasando con el territorio”, dijo Margarita Rosa Córdoba, Secretaria de Desarrollo y Gestión Minera de la Gobernación.

No existe ninguna comunicación o coordinación entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar). “Alguna vez quisimos, con la Gobernación, hacer seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental de las compañías mineras, y de Bogotá nos contestaron que esa no era nuestra competencia y nos tuvimos que quedar quietos, viendo cómo nuestros recursos naturales y servicios ambientales se deterioran día a día”, agregó Wilson Perez, funcionario de Corpocesar.

Midiendo el daño

La inexistencia de estudios oficiales para fijar líneas de base no permite contrastar la situación actual del departamento con el estado previo al auge minero y analizar, más allá de los estudios propios de las empresas mineras y sus brochures, lo que real y objetivamente ha sucedido con las aguas superficiales y subterráneas, la flora y fauna nativa, los promontorios del valle que no se volverán a ver, la calidad de los suelos y del aire.

Así, mientras la descoordinación campea, los pocos estudios realizados revelan que 

• el 14 por ciento de los ecosistemas del departamento han sido afectados por la gran minería y que 
• el 71 por ciento de las solicitudes mineras que reposan en Ingeominas afectarían otro 85 por ciento de los ecosistemas [1]. 

El recurso hídrico ha sido el elemento más afectado por el cultivo de palma y la gran minería. Expertos señalan casos de manejo inadecuado de las aguas dentro de las minas, bombeo y vertimiento en fuentes naturales que contribuyen a

• su contaminación; 
• afectación de rondas, cauces y redes de drenaje, 
• desaparición de cuerpos de agua, como ciénagas y quebradas, y 
• el desvío de ríos de acuerdo con las necesidades de las grandes compañías mineras.

Los más viejos recuerdan las corrientes de los ríos Tucuy, Sororia y el Calenturitas, este último reubicado varias veces con licencia del MAVDT, pero al antojo de estas compañías, con tan dudosa destreza técnica que actualmente sostienen un grave conflicto con cultivadores de palma, pues el desvío del río dejó sin agua a las bocatomas construidas para regar los cultivos, como los de Palmeras La Alamosa.

Ríos secos - El déficit de agua para los cultivos de palma será una nueva fuente de conflicto.

“El agua contaminada deteriora la calidad del suelo, el clima, la flora y fauna y las actividades antrópicas”, señala un estudio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Uno de los coordinadores de la mesa de trabajo de La Jagua de Ibirico, Miguel Rivero Camacho, dijo que los ríos ya no tienen los peces de antes y que donde hay posibilidades de pescar, las compañías mineras prohíben que las comunidades lo hagan.

Medidas urgentes, conflictos sin resolver

Debajo de la intrincada situación ambiental, económica y social de los municipios del área de influencia minera, se esconden conflictos no resueltos que ameritan tomar decisiones enérgicas y urgentes:

• suspender hasta nueva orden la concesión de títulos mineros,
• contratar una auditoría internacional que evalúe los impactos ya causados por la industria extractiva,
• exigir a las compañías la debida compensación por las externalidades negativas que acarrea su operación, y
• abrir el espacio para que los cesarenses puedan pronunciarse sobre el futuro de su territorio a través de una audiencia pública socio-ambiental.

El impacto ambiental y social ha sido conocido por organismos del Estado, por expertos y en parte dado a conocer por los medios de comunicación, pero poco o nada se ha avanzado en resolver los conflictos entre el poder central invasivo y la autonomía de las regiones, por una parte, y por otra, entre las políticas minera y ambiental.

Estos conflictos se han visto exacerbados por la arrogancia de la gran minería en ese departamento y la enorme incapacidad de la dirigencia local para transformar una bonanza de recursos en bienestar social.

Una minería racionalmente planificada en el marco del desarrollo sostenible implica modificar la actual orientación de la política minera para armonizarla con las preocupaciones ambientales de la sociedad local.

La minería en Colombia no debe regirse por un régimen ambiental específico, como el establecido por la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), sino que debe sujetarse, como cualquier otra actividad económica, a la política general contenida en la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias.

La creación del nuevo Ministerio de Ambiente, las nuevas normas ambientales en camino y la reforma al Código de Minas constituyen una oportunidad para ordenar la casa y llevar a la minería por el camino de la responsabilidad ambiental y social.

La locomotora minera arrancó en el departamento del Cesar mucho antes de que fuese elevada a esa categoría por el presidente Santos. Hoy, tras una visita de campo que permitió conocer en directo la situación de la zona minera, la penosa realidad se sobrepone al borroso discurso del gobierno y de las compañías mineras.

Lo único que crece en el Cesar es la gran minería, pero la preservación del medio ambiente y el desarrollo social no están en la agenda de nadie.

Los impactos de la gran minería desbordan el ámbito local. Montañas de estériles en El Hatillo.

(En una segunda parte de este artículo, me ocuparé de ampliar las implicaciones sociales e institucionales de la gran minería en el Cesar).

*Director de Colombia Punto Medio