ORIGINAL: UNPeriódico
Por: Sergio Hernando Lopera Castro, Profesor asociado de la Facultad de Minas - Universidad Nacional de Colombia en Medellín
May. 12 de 2012
La idea del Gobierno de dejar en manos de Planeación Nacional el manejo de los recursos para el desarrollo de los proyectos en ciencia y tecnología es una mala señal que se le envía a la comunidad técnico-científica. Se debería crear una comisión especializada que se encargue de estructurar una agenda con rigor académico.
Desde los antiguos griegos, la explotación de un recurso natural ha dado lugar al pago de una contraprestación para el Estado. Ellos cobraban un canon de arrendamiento de una veinticuatroava (1/24) parte del producto obtenido de la explotación minera.
En Colombia está estipulado en el Artículo 360 de la Constitución Política de 1991 y en la Ley 141 de 1994, que creó el Fondo Nacional de Regalías y la Comisión Nacional de Regalías, los cuales regularon el derecho del Estado a percibir contribuciones por la explotación de recursos naturales no renovables.
La historia económica del sector minero–energético colombiano, desde la época de la conquista española, permite constatar que las actividades extractivas han tenido un papel importante en términos macroeconómicos, particularmente en dos niveles:
- en la apertura de los mercados y
- en la consecución de empréstitos para desarrollar proyectos de infraestructura específicos que favorezcan la inversión extranjera.
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Puede observarse que, durante la administración Uribe, la inversión externa en hidrocarburos pasó de 480 millones de dólares, en 2002, a 3.000 millones de dólares, aproximadamente, en 2009. Y en lo que va de la era Santos ha llegado alrededor de los 8.000 millones de dólares.
El actual Gobierno, para ratificar que el sector minero–energético es una de las cinco locomotoras del desarrollo, ha efectuado una reforma al Sistema General de Regalías, con el propósito de optimizar la inversión de los recursos percibidos y garantizar un mayor grado de equidad entre los diferentes municipios y departamentos. Esta apunta a organizar las inversiones a través de la creación de siete fondos (véase la Tabla 1).
De buenas intenciones…
Es evidente que esta nueva ley constituye un avance con respecto a la anterior, dado que los recursos financieros están distribuidos transparentemente por una asignación porcentual. Además, por primera vez, se contempla el tema de la financiación de la ciencia y la tecnología (CyT), así como la fiscalización de la exploración y la explotación de hidrocarburos.
Podría decirse que la ley es bien intencionada porque exige un cambio de mentalidad, de manera que los Gobiernos departamentales dejen de pensar que los recursos financieros provenientes de las regalías les pertenecen únicamente a las regiones productoras.
Además, va a exigir que los políticos locales sean creativos en la preparación de proyectos. De este modo, modifica el uso que se le venía dando a estos dineros, los cuales han servido para cubrir gastos del Estado y financiar grupos políticos locales en las zonas de extracción.
Sin embargo, parece ser que el Gobierno mata al tigre y se asusta con el cuero, puesto que ha dejado la reglamentación de la ley en manos del Congreso. Y es evidente que tratará de hacer ajustes que le permitan acceder, sin mayores controles, a dichos dineros.
Por esto, se requiere avanzar hacia una nueva visión que considere el agotamiento de los recursos naturales no renovables, para garantizar la equidad intergeneracional. El porcentaje de las regalías que se propone invertir en CyT debe verse como la posibilidad de incentivar el uso de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación nacionales.
Aunque las generaciones futuras no cuenten con el recurso, dispondrán de capacidades para explotar otros o usar los tradicionales con mayor eficiencia. Por esta razón, esta locomotora debe destinar los recursos financieros de las regalías al fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado en lo que respecta a la ciencia.
Y como ente de control, es vital que
- el Estado cuente con técnicos de alto nivel que comprendan no solo las tecnologías más modernas para extracción de recursos minerales y energéticos, sino también asuntos como
- la geopolítica de recursos naturales,
- la evaluación de impactos ambientales, sociales y económicos, así como
- todas las disciplinas, de tal forma que la explotación se haga con los procedimientos pertinentes y se alcancen dignos niveles de desarrollo.
Idoneidad
Por estas razones, la apuesta en CyT debe asumirla un ente con vocación. La idea del Gobierno de dejar esta iniciativa en manos de Planeación Nacional, cuyo campo de acción no es el desarrollo de capacidades científicas, es una mala señal para la comunidad técnico–científica.
Sería clave crear una comisión que se encargue de estructurar una agenda de investigación nacional, la cual, con criterios de rigor académico y pertinencia, asigne dichos recursos. A Colciencias –que debería elevarse a nivel ministerial– le correspondería liderar esta comisión y, en ella, tener asiento las universidades del país y el sector gremial.
El fortalecimiento de la investigación de las áreas estratégicas del país no puede terminar en manos de políticos o de empresas privadas o públicas, que tienen el músculo financiero para sumarse a la iniciativa del Gobierno.
De no tomar decisiones a tiempo, la política de CyT se convertirá en una fuente de conflicto. Hay que buscar los mecanismos para que el sector privado también haga una apuesta del mismo orden que el Estado. Si las empresas privadas y públicas se suman, estaríamos hablando de unos 1.000 millones de dólares, que equivaldrían a una inversión en investigación, desarrollo e innovación del orden del 0,3% del PIB.
Brasil invierte 1,1% del PIB y que Estados Unidos y otros países desarrollados están por encima del 2%. Avanzar hacia este objetivo permitirá enfrentar los retos que plantean el agotamiento de los recursos no renovables, la presión sobre el medioambiente, el cambio climático, la internacionalización de la economía y la construcción de una verdadera sociedad democrática, lo que implica equidad social y desarrollo integral en el contexto de seres humanos relacionados armónicamente con la naturaleza.
Edición: UN Periodico Impreso No. 155
