'Colombia no está preparada para la locomotora minera'

ORIGINAL: El Espectador

Por: Viviana Londoño Calle 

6 Mayo 2013

La más completa investigación hecha por la Contraloría General 

Mientras la extracción de un gramo de oro implica gastar hasta 1.060 litros de agua, para producir arroz, papa o leche en la misma cantidad, se utilizan menos de 2 litros. 

Hace dos semanas, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, anunció que el Gobierno planea abrir las puertas a nuevas solicitudes mineras a finales de este mes. Según el ministro, hay notorios avances en la depuración de los títulos y el país estaría preparado de nuevo para permitir nuevas exploraciones.

Sin embargo, la más reciente investigación de la Contraloría General, que revela una completa radiografía de esta actividad en el país, advierte que más allá de la depuración de los títulos mineros otorgados hasta ahora (19.000 según el Ministerio de Minas), hay una serie de complejos retos con pocos los avances, que habría que resolver antes de reactivar la titulación minera, según el ente de control.

Uno de esos desafíos tiene que ver con las implicaciones ambientales de la minería de oro y de carbón a gran escala. El Espectador conoció el libro ‘Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista’ que será presentado este lunes en la tarde y que confirma lo que vienen advirtiendo los expertos en medio ambiente, desde que el país se subió en la locomotora minera: los efectos ambientales por la extracción de estos materiales son serios, evidentes y además irreversibles.

• La generación de grandes cantidades de residuos, 
• la desaparición y contaminación de las aguas y del aire, 
• la pérdida del suelo y de la biodiversidad, 

son sólo algunos de los costos ambientales que representa la minería a gran escala, de acuerdo con la investigación.

Cifras de Catastro y Registro minero señalan que de los títulos otorgados en Colombia, el 43% es para la explotación de oro y el 25% para carbón. Estos dos materiales terminan en países extranjeros: el 99% del oro extraído es para exportación y lo mismo sucede con el 95% del carbón. Para la Contraloría, además de representar fuertes daños ambientales, se trata de un modelo que “no genera encadenamientos productivos y no dinamiza directamente la economía”.

Julio Fierro, uno de los investigadores del capítulo ambiental insiste en que “la apuesta de desarrollo económico basada en la minería permea todas las decisiones del Estado y el país no tiene la capacidad ni la fortaleza institucional”. Además –según el experto- preocupa la absoluta desaparición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la discusión del tema minero.

Minería vs agua

Extraer un gramo de oro implica gastar hasta 1.060 litros de agua. La misma cantidad de arroz, de papa o de leche se puede producir con menos de dos litros. Estos datos, que recoge la investigación, advierten sobre el alto consumo de agua para la actividad minera y la eventual competencia con la producción de alimentos. A esto se suma la contaminación de las aguas por mercurio o cianuro, utilizados para separar el oro de los minerales y por residuos tóxicos que acompañan los desechos mineros.

Consumo de Agua por Actividad

De acuerdo con el documento, “los yacimientos de extracción se caracterizan por contener oro en muy bajas concentraciones, lo cual implica la generación de grandes volúmenes de residuos”. Buena parte de estos residuos terminan contaminando las aguas y el ambiente y representando un riesgo para la salud pública. Por cada gramo de oro se pueden generar 

• 40 gramos de arsénico, 
• 10 gramos de cromo, 
• 170 gramos de plomo y 
• 50 gramos de zinc (ver gráfico).

Para la Contraloría, “un modelo de desarrollo basado en la extracción de minerales e hidrocarburos puede causar un impacto aún más fuerte debido a la contaminación de aguas y suelos, en particular en la zona de laderas andinas, poniendo en riesgo no sólo la diversidad, sino también la soberanía alimentaria, pues las especies químicas tóxicas liberadas pueden permanecer por muy largo plazo (decenas de miles de años) disponibles en el ambiente”. 

El mapa minero del país muestra –de acuerdo con los investigadores- que “los principales proyectos mineros de carbón están en zonas con alta susceptibilidad a la desertización y los de oro se ubica en zonas de alta montaña, fundamentales en la preservación de la oferta hídrica”.

Millones de residuos

Ciudades como Bogotá, Buenos Aires o Río de Janeiro generan alrededor de dos millones de toneladas de residuos al año. Un proyecto de minería de oro a gran escala puede generar en el mismo período hasta 70 veces más residuos y en el caso de carbón, hasta 12 veces más deshechos. 

Aún así, los efectos que en el largo plazo representan estos materiales no están contemplados en la normatividad. ¿Quién responde entonces?

MInerales tóxicos tras el oro.

Según datos de la investigación, de los 1.997 títulos para la explotación de metales reportados en 2010, sólo 194 de ellos contaban con licencia ambiental. Así las cosas, es evidente que será el país y no las empresas las que tendrán que responder por los pasivos ambientales a largo plazo.

La debilidad de las licencias ambientales

“La reglamentación ambiental en Colombia no ha sido ajustada para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos generados por la minería”, así define el documento de la Contraloría el débil control ambiental de los proyectos mineros en el país. Una de las falencias tiene que ver con las licencias ambientales: pese a que deberían ser la carta de navegación para que cualquier proyecto garantice los mínimos impactos, sólo son requeridas durante la etapa de explotación.

Mientras no tienen licencia –sin embargo- los proyectos adelantan vías, túneles, talas y diferentes actividades que aunque representan un claro impacto no tienen ningún tipo de control. Otro de los aspectos frente a los que llama la atención la investigación tiene que ver con la información que manejan las instituciones frente al tema minero. Todos los datos -incluso el estudio de impacto ambiental- lo proporcionan las mismas mineras. A la debilidad institucional se suma además la deficiencia de conocimientos técnicos y científicos frente a la extracción de minerales.

Entre las conclusiones de la investigación se destaca que el modelo actual de minería es una apuesta arriesgada que no incorpora los impactos ambientales. Según Fierro, “hay una apuesta económica por encima de todas las reglamentaciones ambientales, étnicas, tributarias y de ordenamiento territorial. Es una apuesta sin soportes y todos estos impactos sociales y ambientales no han sido tenidos en cuenta”.

Lo que implica explotar oro y carbón

Para los investigadores es evidente que los efectos ambientales son sólo algunos de las razones que justifican la declaratoria de una moratoria minera indefinida y la suspensión de los megaproyectos. Mantener cerrada la ventanilla minera, es una de las propuestas hasta que se plantee una nueva política minera que tenga en cuenta “el desarrollo integral, el respeto a la Constitución Nacional, la observancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Esta tarde, la investigación, que recoge además otros temas gruesos como la renta minera, la normatividad de esta actividad y su relación con el conflicto armado, estará en manos del Ministerio de Minas y Energía, del de Ambiente, de los Congresistas y de todas las entidades de las que depende el futuro de la minería en el país.

Luis Jorge Garay, coordinador de la investigación es enfático al respecto: “lo que mostramos es que Colombia no está preparada para desarrollar una industria minera necesaria bajo criterios de respeto de los derechos, de conservación del medio ambiente y desarrollo integral”. Para Fierro, es claro que no debe haber minería en lugares ricos en biodiversidad y en cuencas frágiles y debe prohibirse en zonas de conflicto. “Si uno se imagina ese mapa, muy probablemente este no sea el país adecuado para basar su desarrollo en la minería”. 

Oro y mercurio.

Por: Viviana Londoño Calle

'Nuestro oro es verde'

ORIGINAL: El Espectador

Por: Viviana Londoño Calle

2 Sep 2012

Hay por lo menos 22 títulos vigentes

Líderes de cinco municipios del suroeste de Antioquia emprendieron una lucha para evitar que sus territorios se conviertan en minas de oro de multinacionales.

Una de las zonas con mayor potencial agrícola en el municipio de Jardín (Antioquia) está incluida en los títulos entregados para exploración de oro y otros minerales. / Sebastián Ochoa G.

El suroeste de Antioquia está en la mira de grandes multinacionales mineras que quieren extraer oro y otros minerales de ese territorio. Así lo denuncian los habitantes de los municipios de Jardín, Támesis, Jericó, Caramanta y Pueblorrico, y lo confirman los títulos que se han otorgado hasta el momento para exploración.

En noviembre de 2011 los pobladores de Jardín empezaron a ver un helicóptero sobrevolar la zona cargando un extraño instrumento. Se trataba de la aeronave de matrícula HK-4181, de la empresa Helyfly, que cumplía un contrato con la minera Júpiter S.O.M. y su misión era detectar, a través de un magnetógrafo, depósitos de oro y otros minerales en ese territorio. Desde finales de 2010 campesinos de la zona habían sentido los sobrevuelos.

Según datos de Catastro Minero, multinacionales como la Anglogold Ashanti, que es la tercera productora de oro del mundo y que en Colombia tiene activos por casi $200 mil millones, las recién creadas Júpiter S.O.M. y Caramanta Conde Mine y otros particulares tienen planes para la extracción de oro y otros minerales en la zona. Por ahora, la Secretaría de Minas de Antioquia ha entregado 22 autorizaciones para adelantar exploraciones en 39 mil hectáreas, casi la mitad del territorio de las cinco poblaciones.

Sumado a esto, sobre la mesa de las autoridades hay solicitudes para acceder a este permiso, que comprometería casi 100 mil hectáreas más, incluyendo zonas de departamentos aledaños. En concreto, los datos señalan que las intenciones de las empresas van más allá del territorio de los cinco municipios, que suma 83 mil hectáreas. 

Para los campesinos de la región, buena parte de sus terrenos, dedicados históricamente a la agricultura y recientemente al turismo, corren el riesgo de convertirse en minas a cielo abierto y en inmensos socavones. Su actividad económica ha dependido del café, la panela, el plátano y, en casos como Jardín, de los criaderos de trucha. Por esto, diferentes organizaciones sociales y ambientales, así como varios alcaldes y concejales, han emprendido una carrera para tratar de evitar el arribo de las mineras.

Por ahora todos los títulos están en etapa de exploración y antes de empezar a extraer necesitarán una licencia ambiental. Aunque representantes de empresas mineras como la Anglogold Ashanti o la Solvista coinciden con la versión de la Secretaría de Minas de Antioquia, en el sentido de que los proyectos serán a largo plazo y que la etapa de exploración no supone daños ambientales, la comunidad asegura que varias fuentes hídricas y zonas boscosas han sido impactadas, sin los permisos correspondientes.

El 18 de mayo de este año una decisión de Corantioquia (autoridad ambiental del departamento) les dio la razón: la corporación ordenó la suspensión de las actividades de exploración de la compañía canadiense Caramanta Conde Mine S.A.S. en la zona y dio paso a un proceso sancionatorio en su contra. Según el comunicado oficial de la entidad, “la compañía minera venía haciendo uso del caudal de agua para el proceso de exploración, construía una vía destruyendo grandes cantidades de árboles nativos y un helipuerto, sin autorización previa”.

Para explicar por qué los campesinos se oponen a este tipo de proyectos, Tatiana Rodríguez, investigadora de Censat Agua Viva, señala: “se ha demostrado que la minería a cielo abierto requiere el uso del mercurio y el cianuro, además de grandes cantidades de agua, lo que generaría graves efectos ambientales con secuelas irreversibles”. Debido a que están en la etapa inicial, las empresas no han determinado cómo sería una eventual explotación, pero la minería a cielo abierto es una opción.

Alonso Cardona, de la organización Conciudadanía, opina en sentido similar a Rodríguez: “Las minas competirían por el agua con esas comunidades. Eso sin contar con que estos municipios se encuentran ubicados en una zona de alta amenaza de deslizamientos”. Cardona se refiere a que parte de la región está sobre las fallas del Romeral y Cauca, y los trabajos de minería que exigen excavaciones podrían desestabilizar aún más el terreno.

Además, la propia Corantioquia ha dicho que en esta región hay zonas protegidas que se podrían ver afectadas de ser aprobados algunos proyectos.

Basada en estas razones, y en los impactos sociales que tendría un cambio en la vocación agrícola, la comunidad ha adelantado cabildos, protestas pacíficas, movilizaciones y hasta una vigilia, el 20 de julio en el municipio de Támesis, en la que sus habitantes realizaron diferentes actividades para evitar la llegada de multinacionales a sus pueblos.

A su clamor se han unido también la mayoría de concejales y alcaldes. En Jardín, por ejemplo, el Concejo planea sacar adelante un proyecto de acuerdo municipal que funcione como una barrera contra la gran minería. “Nunca hemos sido mineros. Para nosotros la minería a gran escala sería una desgracia. La esencia del municipio se perdería”, explica el alcalde de Jardín, Álvaro Carvajal. Lo mismo cree el mandatario de Caramanta, Julián Andrés Granada: “Como administración tenemos la obligación de hacer respetar nuestro territorio y los recursos”, posición a la que se suman los alcaldes de Támesis y de Pueblo Rico.

Sin embargo, en otros municipios, como Jericó, la población está cada vez más dividida, como señala León Henao del Cinturón Occidental Ambiental (COA). Quienes apoyan los proyectos mineros aseguran que representarían desarrollo para el pueblo. Según un informe de la compañía, desde marzo de 2011 a marzo de 2012 ha entregado $72 millones a los pobladores. Los aportes van desde balones de fútbol, material para manualidades, como telas, hilos, pinturas y agujas, hasta refrigerios y subsidios de transporte.

Los que se oponen siguen reuniéndose cada 15 días con líderes de los demás municipios para trata de encontrar estrategias que les permitan decir no a la minería.

Claudia Cadavid Márquez, secretaria de Minas de Antioquia, es enfática al respecto: “Una cosa es lo que uno quiere y otra la que la ley permite. Tenemos que hacerles ver a los alcaldes y a la comunidad que la minería está regida por un código. Aunque hay unos instrumentos legales para prohibirla, sólo funcionan en el perímetro urbano; al perímetro rural lo rigen leyes como la 388, que le da la posibilidad a un privado de hacer minería”.

Según Cadavid, de acuerdo con la normatividad vigente, lo único que se puede hacer es “velar por el desarrollo y fomento de una minería responsable para que no ocurran en estos municipios problemáticas como las de otras zonas, como el nordeste de Antioquia”. Las normas al respecto son tan amplias que actualmente un titular puede solicitar hasta 10.000 hectáreas, lo que superaría el área de un municipio como Caramanta que tiene 8.200 hectáreas.

Aunque ninguna de las empresas que buscan hacer minería en estos territorios está infringiendo la ley, los habitantes de Jardín, Támesis, Caramanta, Jericó y Pueblo Rico aseguran que buscarán “que sea tenida en cuenta la tradición, la cultura y la riqueza ambiental de una zona que está a punto de emprender un camino sin retorno”. Así lo explica Daniel Ochoa, habitante de Jardín y miembro de la mesa ambiental del municipio: “¿Cómo apostarle a la explotación del oro sabiendo que nuestro verdadero oro es verde, que nuestra riqueza son el agua, el café, la pasiflora y la flor del magnolio?”.

Contravía-La locomotora minera en Colombia.

ORIGINAL: MorrisProducciones

CAPÍTULO 258: Joan Martínez Alier es un catalán historiador, investigador y catedrático en economía ambiental, visitó nuestro país en el marco de una gira que él programó por América Latina con el ánimo de recoger información para sus investigaciones y para visibilidad a los gobiernos locales y a las comunidades de las graves consecuencias que deja la explotación de tierra para obtener minerales.

La explotación de oro a cielo abierto con cianuro, el desmedido incremento de terrenos de las mineras de carbón, el "boom" de las compañías multinacionales que hacen presencia en Colombia gracias a las comodidades que el gobierno les ofrece, son parte de los trascendentales anuncios que se revelan en esta entrega de Contravía.

El 35% del territorio Colombiano está en la mira de la explotación, ya sea para metales, hidrocarburos o carbón; esto pone en riesgo la vida de miles de especies animales y vegetales y la generación de agua en los páramos, puesto que una empresa como EcoOro podría explotar el oro en el páramo de Santurbán en Santander afectando de manera DIRECTA el 60% de la zona "protegida".

Al por mayor

ORIGINAL: El Espectador

Por: Alfredo Molano Bravo
1 Jul 2012

Mientras en el Congreso de la República se cocinaba un operativo de fuga constitucional de los parapolíticos, de sus protectores y de sus financiadores, el presidente Santos anunciaba muy orondo, en Río+20, que añadía en números redondos 17 millones de hectáreas a las áreas de reserva estratégica para minería existentes, para un total de 22 millones de hectáreas.

Es decir, cuatro veces más de la superficie dedicada a la agricultura en el país. A su regreso de Río se encontró con que un mamut gigantesco se había entrado a la Casa de Nariño y había vuelto trizas la cristalería, sin que nadie se diera cuenta. El jueves recogió los vidrios y hoy está dedicado a pegarlos uno por uno.

Mientras tanto, miles de mineros grandes y pequeños preparan expediciones para posesionarse de las “áreas de reserva estratégica” situadas en las pocas regiones en que aún se conservan culturas indígenas y negras, matas de monte y selvas, ríos y humedales.


¿Quién va a impedir que esa masa de mineros invada las 22 millones de hectáreas y comience a descapotar, contaminar ríos y caños con mercurio y cianuro, a comprar autoridades indígenas y municipales?


Más aún, cuando lleguen ya estarán allá puntas de guerrilla o comandos paramilitares esperando a los mineros para prestarles el servicio de seguridad.


Las áreas estratégicas para la minería —decretadas por la Resolución 0045 del 20 de junio pasado de la recién creada Agencia Nacional de Minería— se extienden a lo largo y ancho y hondo de los departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas y Chocó. Son 202 bloques específicos o polígonos alinderados que pueden ser pedidos en concesión por particulares. (Un par de ejemplos de la precisión con que han sido publicados en el Diario Oficial: Bloque N° 191 en Cumaribo, Vichada: 0.1225 hectáreas —ni siquiera una hectárea—, Bloque N° 96 en Puerto Colombia, Guainía, 28.002 hectáreas). Son áreas donde hay sólidos indicios de la existencia de oro, metales del grupo de los platinoides, cobre, hierro, coltán y minerales asociados, minerales de fosfatos, minerales de potasio, minerales de magnesio, uranio y carbón metalúrgico y térmico. Mejor dicho, todo lo que en el subsuelo existe. La mera publicación de la resolución atraerá a barequeros, mineros de retroexcavadora, draga, dragueta, manguera y, claro está, geólogos, abogados, ingenieros y políticos a sueldo de las grandes multinacionales de la minería, con el objeto de catear, explotar y defender los bloques.


La resolución es un acto administrativo que de hecho afecta a la gran mayoría de comunidades negras e indígenas del país y, por tanto, supone la consulta previa. Norma que, por supuesto, se birló.

En los 22 millones de hectáreas el Gobierno —tan ajeno a la corrupción— piensa transformar la feria de concesiones con cédula, según palabras del ministro de Minas, por rondas mineras a las que, como es bien sabido, sólo podrán asistir las grandes empresas que puedan cumplir con las exigencias de una “minería sostenible”. ¿Podría explicar el Gobierno cómo hacer para al mismo tiempo que de una mina se saca oro, se mete? Y, para completar, la minería debe ser “amigable”. Del Gobierno, sin duda.

Si bien esos bloques no están dentro de zonas mineras indígenas, según se lee —en pésimo castellano—, nada impide que una multinacional china, digamos, firme con un resguardo indígena —o con su capitán— una especie de consorcio para la explotación de coltán, donde los indígenas tengan el 1% de participación en la empresa. Esa sociedad haría de hecho legal la explotación y aseguraría el resultado de la consulta.

Más allá del destrozo ambiental que traerá la minería “sostenible”, lo que nunca se podrá remediar es la división de las comunidades indígenas y negras, la compra de consultas, la corrupción de capitanes, a imagen y semejanza de lo que ha hecho el Gobierno con el Congreso, el Congreso con las cortes y las cortes con el Gobierno. 

Elespectador.com| Elespectador.com

Genetically Modified Grass Kills Cattle By Producing Warfare Chemical Cyanide

ORIGINAL: Natural Society

Anthony Gucciardi

June 24, 2012 

Another report of genetically modified creations taking the lives of livestock has hit the media, and this time genetically modified grass has been identified as the culprit according to CBS News. Shockingly (and quite disturbingly), the GM grass actually produced toxic cyanide and sent the cattle into a life-ending fit that included painful bellowing and convulsions. The deaths have led to a federal investigation centered in Central Texas, where the cattle had resided.

Just east of Austin, the cows lived on an 80-acre ranch owned by Jerry Abel. Abel says that the fields were used for over 15 years for cattle grazing and hay, and that the genetically modified grass was ‘tested’ previously and should have been ‘perfect’. The GM grass however, known as Tifton 85, appears have been producing toxic cyanide. Used as a genocidal agent in World War 2 by the Germans and considered to be an extremely dangerous substance internationally, it is extremely concerning that cyanide is now being produced by once harmless grass thanks to the modification process.

The 18 cattle went off to enjoy some ‘fresh’ new genetically modified grass, when Abel says they went into a fit of convulsions and shrieks. He explains:

“When our trainer first heard the bellowing, he thought our pregnant heifer may be having a calf or something,” said Abel. “But when he got down here, virtually all of the steers and heifers were on the ground. Some were already dead, and the others were already in convulsions.”

Within 15 hours of this incident, all of the cattle had died as a result of the grass ‘suddenly’ producing cyanide and therefore throwing them into a lethal fit. According to USDA scientists, it may be the result of a mutation — the same kind of mutation that has been seen in many of Monsanto’s Roundup-Ready crops.

What’s more is the fact that many other farmers are now testing their grounds and also finding the presence of cyanide. While there is not yet a large number of reports concerning cattle deaths from cyanide, it was recently revealed that one large biotech company Syngenta had been covering up further animal deaths from genetically modified corn.

Additional sources:

CDC Facts on Cyanide

¿Sabes ésto de la Megaminería Tóxica?

ORIGINAL: Medioambiente y Sociedad

Esta es una mina que presenta similitudes con lo que sería la mina "San Antonio" (México). Observe al fondo el tajo y al centro el enorme "cerro artificial" de desechos tóxicos y las lagunas con cianuro. También compare el color del área natural con el color del área de explotación, en donde los minerales ya evidencian signos de oxidación, lo que significa el inicio de la liberación al ambiente de las sales de arsénico y metales pesados. 

Megaminería de Oro (Nevada)